El panorama general de las finanzas públicas del gobierno federal es crítico, se encuentran contra la pared; la próxima presidenta o presidente al llegar se encontrará con “la caja vacía”, advirtió Luis Pérez de Acha, experto en derecho constitucional, fiscal y administrativo.
“Para que pueda salir de los compromisos financieros este año, el gobierno federal se tiene que endeudar con dos billones de pesos. Eso es descomunal y representa poco más del 20% de todo lo que será el gasto federal, que suman nueve billones de pesos”, declaró el también ex integrante de la Comisión de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.
En plática con el Diario, Pérez de Acha anticipó que quien asuma la Presidencia “tiene un reto de frente muy fuerte, se encontrará con la caja vacía definitivamente y muchas de sus decisiones a tomar en adelante tendrán que considerar reformas legales”.
“El presidente o presidenta y el Congreso de la Unión con su nueva integración tendrán que tomar decisiones de políticas financieras y fiscales”.
Decisiones complicadas
En su opinión, una de las consideraciones para tener más ingresos sería, por ejemplo, aumentar impuestos, aunque “serán decisiones complicadas desde el punto de vista político, social y electoral, es todo un tema, o si establecerán nuevos impuestos”.
“Otra opción es perseguir la evasión fiscal, son pocas alternativas que tendrá el gobierno federal”.
“Los impuestos que no es recomendable aumentar, por el alto costo político, social y electoral, son el IVA, ya que cuando subieron el 1% no fue bien recibido; el ISR no es conveniente elevarlo porque resultan perjudicados los trabajadores, y la tasa de impuesto corporativo del 30%”, comentó.
El analista consideró que también se tendrá que buscar la reducción de los gastos, pero no hay mucho margen de maniobra para eso.
Según expuso, el proyecto de país, con independencia de la plataforma electoral y de quien ocupe la Presidencia, requiere recursos; si no los hay, los proyectos de salud, de educación y de seguridad pública no podrán avanzar al ritmo que la sociedad espera.
“No hay opciones, el camino está muy claro: se necesitan más ingresos, no podemos seguir sobre el camino de la deuda haciéndola crecer a un ritmo frenético, veloz como se ha hecho el año pasado y este”, indicó.
Por eso, refirió, el camino a potenciar es el combate a la evasión fiscal.
“Hay mucho dinero que se ha dejado de pagar por los evasores, el gobierno tendrá que hacer una campaña intensa, como política de Estado, para perseguir a los grandes evasores, creo que está muy identificado en la cancha de las empresas fantasmas, ahí hay una oportunidad muy grande para ir por dinero”.
El experto insistió en que tiene que ser una decisión de Estado, la dependencia de las personas involucradas y los colores de partidos no deben importar.
“Se tiene que perseguir sin lugar a dudas, de otra forma seguirán en lo mismo, esperanzados a que la recaudación fiscal crezca por milagro sin hacer esfuerzo ni tener un compromiso o aumentar los impuestos que terminan pagando las clases sociales, los trabajadores y es lo que menos podemos esperar en estos momentos”.
Por experiencia comentó que si bien las empresas y los individuos adinerados pueden aprovechar legalmente ciertas ventajas fiscales, el abuso de estas prácticas en grado de ilegalidad debe ser enfrentado con firmeza por parte del Estado.
Por ejemplo, replicó, los empresarios a veces se exceden en:
—Simular operaciones con bienes intangibles en el extranjero, como marcas, o bien la compra de pérdidas fiscales apócrifas.
—La atribución de residencia fiscal ficticia en países de baja o nula tributación, bonos de productividad irreales a sus trabajadores.
—La subcontratación laboral falsa, operaciones celebradas con empresas fantasma, no enterar en lo personal ni por parte de sus compañías, del Impuesto sobre la Renta sin artificios propios de la evasión fiscal.
—Obtener ganancias centradas en la depredación del medio ambiente.
“El reto del SAT es detectar oportunamente esas artimañas, cuando existan, y perseguirlas legalmente, incluso por la vía penal, como una condición propia de la justicia fiscal”, puntualizó.
Impuestos Gobierno federal
El especialista en derecho Luis Pérez de Acha se refirió a las sanciones al sector privado.
Castigo por contaminar
Pérez de Acha citó que algunas viables pueden ser como las que hay en Europa: establecer contribuciones especiales al sector financiero, a la banca y a empresas que emplean prácticas dañinas para el medio ambiente o de energías contaminantes —en México recaerían sobre Pemex y CFE y otras con grandes fortunas—, el reto es de orden constitucional porque la Suprema Corte de la Nación las calificó como violatorias de los principios de proporcionalidad y equidad tributarias.
Las grandes empresas
En contraparte, dijo, se pueden promover incentivos fiscales a quienes inviertan en tecnologías limpias, discutir si se restablece el Impuesto al Activo, que estuvo vigente en México de 1989 a 2007 como impuesto de control respecto al ISR; un impuesto mínimo a empresas mil millonarias y evitar que minimicen sus obligaciones fiscales.