Detrás del conflicto entre el Ayuntamiento de Mérida y Banco Santander por el caso de las luminarias, cuya resolución anunció recientemente el alcalde, luego de 11 años de litigio, existe una historia de funcionarios corruptos que todavía siguen impunes.
La historia se inicia hace 13 años cuando Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, publicó una serie de reportajes en marzo de 2011.
En ellos reveló la intención de la entonces alcaldesa priista Angélica Araujo Lara, confabulada con varios funcionarios municipales, muy cercanos a ella y a la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco y con cuestionados empresarios de Monterrey, de cambiar las 82 mil lámparas de vapor de sodio del alumbrado público del municipio, que funcionaban bien, por otras de inducción magnética, supuestamente ahorradoras y con mayor capacidad de iluminación.
Con este cambio, decía la alcaldesa, aumentaría el nivel de iluminación de la ciudad y bajaría el monto de las cuotas que se pagaban a la CFE por el consumo de luz.
Este anuncio, que no se cumplió ni nunca tuvo sustento técnico, sirvió a Angélica Araujo y a sus cómplices, para diseñar un “negocio redondo” que les habría significado ganancias netas por decenas de millones de pesos.
Licitación por caso de las luminarias
Para esto, la Comuna convocó en 2011 a una licitación para la adquisición de 82,000 lámparas de inducción magnética, que favoreció a ABC Leasing, especializada en arrendamiento y asociada, en este caso, con WW Energy ST México, como proveedora de las luminarias.
Esta compañía, en ese momento, era de reciente creación y propiedad de un empresario norteño acusado de fraude.
La Comuna firmó con ABC Leasing un contrato por $468.8 millones, pagaderos a cinco años, por la renta de esas lámparas que resultaron ser equipos ilegales, de mala calidad, fabricados en China y ofrecidos a sobreprecio.
Su colocación ocasionó la disminución del nivel de iluminación de la ciudad en por lo menos 30 por ciento, contrario a lo que decía la entonces alcaldesa de que las nuevas lámparas aumentarían sustancialmente la iluminación.
Muchos meridanos aún recuerdan la oscuridad en las calles debido a la descompostura de miles de luminarias nuevas, por su mala calidad y deficiente instalación y a que la empresa se negaba a reponerlas.
Además de tramos enteros a oscuras, se extendió por toda la ciudad el “efecto cebra”, producido por esas lámparas y que se manifestaba en una iluminación discontinua en las calles, con espacios de luz y sombra entre un poste y otro.
Un negocio redondo
El negocio terminó de redondearse semanas después cuando luego de firmar el contrato de arrendamiento, Araujo Lara y sus funcionarios (pero no el Cabildo, como marca la ley), firmaron un contrato de factoraje con Banco Santander, según el cual ABC Leasing le cedía sus derechos de cobro por el arrendamiento de las luminarias.
Ese contrato permitía al banco cobrar $7.8 millones mensuales durante cinco años, directamente de las cuentas bancarias del Ayuntamiento, sin importar si las luminarias funcionaran o no.
ABC Leasing y WW Energy ST México recuperaron de inmediato su inversión, más su comisión calculada en decenas de millones de pesos, dejando a los meridanos la obligación de pagar casi $500 millones en los siguientes cinco años, por un servicio de pésima calidad.
Angélica Araujo y sus principales funcionarios, responsables de esta fraudulenta operación, permanecen impunes hasta ahora, pese al cuantioso daño patrimonial que le causaron a la ciudad.
Una pérdida para el PRI
El plan de iluminación de Angélica Araujo causó tanta inconformidad, que el PRI perdió las elecciones en Mérida en 2012.
El nuevo alcalde, el panista Renán Barrera Concha, ante el cúmulo de quejas de los ciudadanos, decidió cancelar anticipadamente el contrato de arrendamiento de las luminarias y cambió las de inducción magnética por otras nuevas de vapor de sodio.
Esta medida provocó una demanda legal de ABC Leasing y Santander en contra del Ayuntamiento, que se prolongó varios años y que al final perdió la Comuna.
Cerco legal
A partir de la cancelación del contrato, el Ayuntamiento enfrentó un cerco legal en el que aparecieron muchos indicios de corrupción de algunos jueces federales y locales.
Por ejemplo, el juez de Distrito en Ciudad de México, Felipe V. Consuelo Soto, sancionado varias veces por el Consejo de la Judicatura por prácticas indebidas, sentenció al Ayuntamiento a pagar las rentas vencidas a Santander, más los intereses moratorios.
Además de este cerco legal, se abrió otro de carácter político en torno a Barrera Concha y su equipo.
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En 2014, la Fiscalía General de Justicia, a cargo entonces de la priista Celia Rivas Rodríguez, rechazó sin bases, una denuncia penal interpuesta por la Comuna en contra de Angélica Araujo y sus socios.
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Estado, el priista y hoy morenista, Luis Hevia Jiménez, por su lado, se negó a admitir una solicitud de la Contraloría municipal para imponer millonarias sanciones a Angélica Araujo y a varios de sus colaboradores y a que éstos sean inhabilitados para ocupar otros cargos en el gobierno.
En un notable acto de valor civil, los dirigentes del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Yucatán, la entidad más autorizada para hablar del tema, encabezaron las críticas al plan de Angélica Araujo y lo denunciaron.
Angélica Araujo nunca hizo pública su postura, ni respondió a las críticas en su contra.
Ante la sentencia que obligaba al Ayuntamiento a pagar las rentas a Santander, Barrera Concha propuso hacerlo en un plazo de 30 años, pero el juez rechazó la idea.
A fines de 2017, su sucesor en la alcaldía, Mauricio Vila Dosal ofreció algo mejor al banco: la contratación de un crédito para liquidar de inmediato la deuda.
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En el colmo, el Congreso dirigido por Hevia Jiménez dijo que aprobaría esa idea —-se necesita la autorización del Legislativo para hacerlo— siempre y cuando el préstamo lo otorgara Santander, el acreedor del Ayuntamiento.
La presión a Vila Dosal para pagar de una sola vez la deuda de las luminarias, mediante un crédito, provenía de uno de los abogados de ABC Leasing y del banco: Wilberth Cetina Arjona, el mismo que Mauricio Vila nombró como titular de la Fiscalía General del Estado cuando tomó posesión como gobernador en 2018. (Continuará).