Yucatán tiene una deuda pública de 10,842 millones 734 mil pesos, aunque oficialmente la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) dice que, al 30 de junio de 2024, es de $7,472.802,000.
Sin embargo, en su mismo informe, publicado hoy en el Diario Oficial del gobierno yucateco, la SAF informa que la cifra de 7,472 millones no incluye el crédito de $306.932,000 que la Federación paga directamente al Banco Nacional de Servicios y Obras Públicas (Banobras) ni el empréstito de $3,063.000,000 contratado para la ampliación del puerto de altura.
La población de Yucatán, según el Inegi, es de 2.320,898 habitantes. Así que, con base en la cifra oficial de $7,472 millones, cada yucateco debe 3,219.78 pesos. Hace seis meses, al 31 de diciembre de 2023, cada uno debía 3,370.24 pesos.
El desglose de cuánto debe Yucatán
En su “Informe de la situación de la deuda pública a largo plazo”, la SAF realizó hoy lunes 15 de julio de 2024 el siguiente desglose:
1) Yucatán Seguro
La mayor deuda estatal es de $2,504.237,000 con el Banco Nacional de México (Banamex), como saldo del crédito simple de $2,600 millones que se contrató el 27 de septiembre de 2019 para pagar en un plazo de 20 años.
Esta deuda se autorizó mediante el Decreto 98/2019, que se publicó el 31 de julio de 2019 y ordenó que el dinero se deposite en un fideicomiso para el proyecto “Fortalecimiento Tecnológico de Seguridad y Monitoreo, Yucatán Seguro” y que el empréstito se pague con el Fondo General de Participaciones.
El 1 de julio de 2019, antes del decreto, el gobernador Mauricio Vila Dosal presentó Yucatán Seguro, que incluye la instalación de 3,527 nuevas cámaras de vigilancia y mil cámaras vecinales, 119 arcos carreteros en las entradas y salidas del estado y municipios, cuatro embarcaciones de vigilancia marítima, seis drones, “un avión especializado en vigilancia”, semáforos inteligentes, etcétera.
2) Tres deudas refinanciadas
Del mismo año es la segunda mayor deuda: 2,480 millones 249 mil 520 pesos con Banobras. Son tres créditos de refinanciamiento de los empréstitos contratados por los gobiernos estatales anteriores.
Al 30 de junio pasado, precisó la SAF, a Banobras se le debe $1,326.347,000, $1,153.134,000 y $768,520 de esos refinanciamientos.
Según la SAF, estos tres refinanciamientos se autorizaron en el Decreto 156/2019, que el gobierno publicó el 31 de diciembre de 2019.
El mencionado decreto es la Ley de Ingresos de Yucatán para el año 2020.
En este documento, el Congreso estatal autorizó a la SAF a refinanciar seis créditos que se contrataron con Banobras en 2011, 2013, 2016 y 2017 y que tenían saldo de 4,422 millones 251,396 pesos al 31de diciembre de 2019.
Así, tras cuatro años y medio de pago, el adeudo de 2019 ya bajó en unos 1,942 millones de pesos.
Qué gobernadores contrataron seis créditos
Por los años, esas seis deudas las contrataron los hoy exgobernadores priistas Ivonne Ortega Pacheco (quinquenio 2007-2012) y Rolando Zapata Bello (sexenio 2012-2018).
En este 2024, Ivonne Ortega es diputada federal por el partido Movimiento Ciudadano (MC), y Rolando Zapata será senador de México a partir del 1 de septiembre próximo.
3) Le Tram
A su vez, BBVA México es el acreedor de la tercera mayor deuda pública de Yucatán: $1,720.564,000, saldo del “crédito simple de hasta $1,735 millones” autorizado en el Decreto 526/2022 publicado en el Diario Oficial del Gobierno de Yucatán el 30 de junio de 2022.
De acuerdo con el Decreto 526/2022, el Congreso estatal autorizó al hoy gobernador Mauricio Vila Dosal a contratar ese crédito para el proyecto “Le-Tram y Obras Complementarias”.
Dicho proyecto, dijo el decreto, consiste en “la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento o conservación de infraestructura física vial y urbana, así como la adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas”.
Se paga con fondos federales
Asimismo, el decreto fijó plazo máximo de 20 años para pagar esta deuda con “el Fondo General de Participaciones (parte del Ramo 28)” y “hasta el 25% de las aportaciones federales que le correspondan al estado del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)”.
En unos dos años, la deuda ya bajó en solo unos 15.5 millones de pesos.
Según el mismo gobierno estatal, Le Tram (palabra que en francés significa el tranvía) consistirá en 32 camiones de pasajeros que conectarán a los municipios de Mérida, Umán y Kanasín, y la construcción de calles para estos vehículos.
4) Seguridad pública
Asimismo, la SAF reportó que con Banobras se tiene una deuda de $306.932,000 que se pagará con la garantía del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad, del gobierno federal, y que se autorizó en el Decreto 37/2013, publicado el 25 de enero de 2013.
Al respecto, el Decreto 37/2013 autorizó al entonces gobernador Rolando Zapata Bello a contratar un crédito para “proyectos” de “infraestructura general, infraestructura para seguridad pública, o infraestructura y equipamiento”.
En este decreto no se precisó un proyecto en particular, pero sí que se debe pagar máximo en 20 años con el mencionado Fondo.
5) El puerto de altura de Progreso
Adicionalmente, la SAF informó hoy que celebró contratos con BBVA México, Banamex y Banco Mercantil del Norte para el proyecto de ampliación del puerto de altura de Progreso por un monto de “hasta $3,063.000,000”, con la autorización del Decreto 638/2023, publicado el 15 de junio de 2023.
Estos recursos “no han sido dispuestos y se encuentran en período de disposición”, afirmó la SAF, que no incluyó este crédito en el desglose de la deuda pública de 7,472 millones 802 mil pesos.
´´So pena´´ de cumplir con los convenios contractuales de cantidades que alcanzan los once dígitos (Diez mil ochocientos setenta y dos mil millones de pesos)de la deuda pública de Yucatán, lo realmente preocupante es la actuación permisiva de los gobernantes, que, fundados en la autoridad que deriva de una constancia de mayoría que acredita el derecho desempeñar el poder ejecutivo en una jurisdicción, disponen de los recursos públicos a su albedrio y conforme sus intereses, sin mediar los alcances de las inversiones que concretan y, al margen de las legítimas necesidades de las comunidades que administran.
El pensador Fernando Savater advirtió hace años, que la Democracia haría que gobiernen los incapaces, asumiendo que el mandato de la mayoría no sólo no compromete una decisión sensata y juiciosa, sino que se constituye, en la interpretación ligera de los procesos electorales, como el sustento para otorgar autoridad ilimitada a los gobernantes, que al margen de la demanda social, de la participación ciudadana y de la valoración abierta de sus políticas públicas, proyectan y deciden por ´´el derecho de mandar´´ y disponen de los recursos a su cargo, con total libertad.
No es casual que el crecimiento y desarrollo económico de las poblaciones más importantes de Yucatán, desde la misma ciudad de Mérida, se proyecte mediante la implementación de modelos extranjeros, basados en la premisa de impulsar la inversión y la atracción de capitales, sin importar que esa receta se traduzca en un mecanismo de desplazamiento de los pobladores originales del Mayab. El crecimiento demográfico de la capital y de las principales poblaciones de la entidad, convirtió a Yucatán en una de las entidades más caras del país, con el agravante de la pérdida de su identidad y su cultura ancestral.
Conforme a los números que se generó en los últimos gobiernos, Yucatán tiene un adeudo de poco menos de siete mil quinientos millones de pesos y se encuentra en trámite un empréstito más para la ampliación del puerto de altura de Progreso por más de tres mil millones, debido a los mecanismos de refinanciamiento de adeudos, que se negociaron en los tres últimos períodos del gobierno estatal. Lo preocupante es que muchos de los recursos que el sector oficial, se canalizan para generar inversiones que no reportan beneficios para un alto porcentaje de los yucatecos, sino que se proyectan en favor de la economía empresarial.
A partir de mil novecientos treinta y nueve en que se concluyó la primera parte del muelle de Progreso, con la entrega del viaducto de dos kilómetros de longitud, el gobierno de Yucatán ha gestionado y dispuesto de importantes cantidades para su ampliación y calado. Desde el año de dos mil veintitrés es considerado Guinness World Records como el muelle más largo del mundo con una longitud de 8,008 kilómetros y en la actualidad se proyecta aumentar su calado de nueve a quince metros y ampliar su canal de navegación a doscientos metros.
No obstante, pese a las cantidades de dinero que se han invertido para mejorar las posibilidades de navegación de grandes embarcaciones y la llegada de cruceros turísticos, queda la impresión de que la lucha frontal contra la naturaleza para convertirlo en un punto de conexión para movimiento de carga y pasajeros, encuentra su contradicción en la tendencia a proyectar mejoras que no alcanzan a los yucatecos que requieren de la gestoría del gobierno estatal. Los proyectos nacen, se desarrollan y se concretan, al margen de un compromiso social que permita superar rezagos y limitaciones que enfrenta más del sesenta por ciento de los pobladores originales de Yucatán.
Más allá de la magnificencia de obras como del Tren Maya, con un costo superior al medio billón de pesos, los gobiernos son en su desempeño, oráculos donde los gobernantes ejercen a su criterio el presupuesto público, sin atender a su condición de autoridad mediadora en la tarea de servir, proteger y armonizar la vida de sus gobernados. Ni el orden, ni la convivencia y mucho menos el respeto a los derechos de los desprotegidos, es parte de la gestión en la función pública. La ruta de los pueblos se escribe desde las sedes administrativas de la función pública, aunque cada ciudadano deba acatar la carga que le impone contratar adeudos para sustentar la condición de deidad de quienes gobiernan.