“En Yucatán se arrastran problemas de derechos humanos muy graves que no se han atendido”, señala Martha Capetillo Pasos, integrante de Equipo Indignación, asociación civil que promueve y defiende los derechos humanos en la península de Yucatán.
Precisamente, en el marco del Día de los Derechos Humanos, que se celebra cada 10 de diciembre en todo el mundo, Martha Capetillo compartió su opinión sobre el panorama de derechos humanos en la entidad.
La activista subraya que uno de los problemas más graves y que más preocupa en la entidad es la persistencia de la tortura y la alerta permanente de muertes en cárceles.
“Toda muerte en cárcel tiene que investigarse para descartar tortura ¿por qué? Porque en la cárcel la persona está bajo resguardo del Estado, y el Estado es responsable de cualquier cosa que le pase y, lamentablemente, en muchas ocasiones hay intervención de mandos policiacos, abusos de autoridad, golpes que ponen en riesgo la vida y que pueden constituir un crimen”.
También lamenta que esa situación no se haya atendido debidamente y mucho menos sancionado. “Los casos que se han documentado no han sido debidamente investigado y sancionado, y se encubren como suicidios o como infartos”.
Martha Capetillo citó el reporte de la Codhey, que publicamos el domingo pasado, en el que la mayor parte de quejas es contra las policías municipales, estatales y federales.
“Allí hay un tema pendiente que se arrastra desde hace mucho tiempo que no ha sido debidamente atendido, además, los casos siguen impunes. Esto siempre es una alerta permanente. Y, efectivamente, la impunidad hace que continúen ocurriendo”, apunta.
Despojo al pueblo maya
El tema que preocupa, dice la activista, es el de despojo de territorio al pueblo maya. “Hay una discriminación en la relación del Estado con el pueblo maya y esto también tiene mucho tiempo atrás. Hemos visto que han sido criminalizados cuando defienden su territorio, hemos visto el despojo”.
Apunta que el gobierno actual ha expresado su interés en el respeto a los derechos sociales, “pero está relación tiene que ser reconociendo al pueblo maya, que sea el propio pueblo maya, quien decida los recursos y eso es un pleno respeto a sus derechos”.
La activista también ve riesgos en los derechos de las mujeres. “De repente hay acciones aisladas, pero sí es necesario fortalecer y erradicar la violencia contra las mujeres”.
Sobre cómo considera la labor de las autoridades en materia de derechos humanos, Martha Capetillo señala que en el gobierno anterior hubo, prácticamente, complicidad en el caso de Homún y otros pueblos que están defendiendo el agua y su territorio. “Vimos una complicidad de las autoridades, prácticamente litigaban a favor de las empresas”.
“Confiamos que el actual gobierno sea más respetuoso del pueblo maya, pero tiene que demostrarlo; todavía está empezando, pero estamos atentas a su actuación para ver si verdaderamente es respetuosa y garantiza los derechos del pueblo maya”
Balance de Yucatán en derechos humanos 2024
Yucatán termina 2024 con una complejidad en materia de derechos humanos, pues, por un lado, es imposible negar que la realidad nacional ha impactado al Estado, señala José Pablo Quiñones Gamboa, presidente de la Jornada de Derechos Humanos, A.C.
“La violencia en otras partes de México ha convertido a Yucatán en un estado refugio para migrantes internos que están huyendo de la violencia”, dice el joven activista.
Esa situación, sumada a problemas preexistentes como la salud mental y la violencia de género, plantea grandes retos.
“La salud mental es un derecho humano y si no tienes acceso a ella hay una violación; la violencia de género sigue siendo un problema grave que se incrementó durante la pandemia, y la discriminación sigue siendo alta”.
En ese sentido, Quiñones Guzmán resalta que es necesario replantear como se va a enfrentar la violencia que se avecina.
“Debemos prevenir que Yucatán se convierta en un foco de violencia y desigualdad. Necesitamos estrategias conjuntas entre gobierno, sociedad civil y academia para garantizar la paz y el ejercicio pleno de los derechos humanos”.
Subraya que Yucatán, a pesar de ser considerado un estado seguro, enfrenta desafíos en materia de derechos humanos, pues la pobreza, la discriminación y la falta de acceso a servicios básicos afectan a una gran parte de la población.
Sectores vulnerables
Entre los sectores más vulnerables, Quiñones Guzmán menciona a los jóvenes y las comunidades indígenas.
Sobre el papel de las autoridades en materia de derechos humanos, el activista indica que el último sexenio federal hubo en México “una erosión importante en materia de derechos humanos en los últimos 30 años. Hubo un retroceso espantoso”.
En el ámbito estatal, señala que en el sexenio pasado hubo áreas que se descuidaron como la discriminación, y en el caso del actual gobierno, señala que es demasiado pronto para juzgar la política de derecho humanos.
A nivel municipal, el activista señala que el reto sería que los ayuntamientos de los 106 municipios capaciten a sus cuerpos policiacos.
“En Yucatán están ampliamente documentadas las violaciones a derechos humanos por parte de la policía de todos los municipios, no hay uno que se salve. De hecho, en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán siempre la policía es la más señalada en violaciones de derechos humanos”.
Señala que la impunidad es otro gran problema. “Las violaciones a los derechos humanos no deben quedar impunes”.