En lo que va del año la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) ya recibió 233 quejas, de las cuales 80 fueron en contra de la Secretaría de Seguridad Pública, 44 contra la Fiscalía General del Estado y 24 contra la Secretaría de Educación estatal.
La titular de la Codhey, María Guadalupe Méndez Correa, dice que en la entidad ha habido avances en materia de derechos humanos.
A seis meses de haber tomado el cargo, Guadalupe Méndez señala que entre sus primeras acciones está la gestión de programas, entre ellos los de discapacidad, género y niñez, así como fortalecer los programas de VIH y Lgbtq+.
En el programa Lgbtq+, la ombudsperson indica que se trabajo con Quebec con el fin de implementar una cátedra para llevarla a la Universidad Autónoma de Yucatán. “La cátedra será profesionalizante más que de sensibilización y estará enfocada, sobre todo, a docentes, principalmente de psicología”, apunta.
“Entendemos que tiene que haber una parte de educación básica, pero a nivel de servicios públicos ya es profesionalizante lo que tenemos que hacer”.
Y es que, aunque ha habido avances, las quejas contra las instituciones públicas se mantienen.
“Como siempre la Secretaría de Seguridad Pública ha sido la tendencia desde que nació esta institución”, señala Méndez Correa, al revelar que dicha secretaría lleva 80 quejas este año, seguida de la Fiscalía General del Estado con 44.
En tercer lugar está la Segey con 24, seguida por las presidencias municipales de Mérida y Valladolid y la Procuraduría de Protección de Niñas y Adolescentes del Estado de Yucatán con seis quejas cada una.
Con cinco quejas cada una están las policías municipales de Kanasín, Mérida, Progreso y Tekax.
Además, hay otras 98 quejas contra diferentes autoridades, señala la funcionaria, quien explica que en una misma queja pueden haber varios hechos violatorios.
¿Cuáles son las quejas contra la policía?
En las quejas iniciadas, según el reporte de la Codhey, se calificaron los siguientes hechos violatorios: prestación indebida de servicio público (144), detención arbitraria (84), lesiones (54), amenazas o intimidación (35), ejercicio indebido de la función pública (35), uso indebido o desproporcionado de la fuerza (20), maltrato físico, verbal, psicoemocional o sexual (19), dilación en la procuración de justicia (18), omisión de garantizar la integridad personal (17), omisión de rendir informe (17) y otros hechos violatorios (378).
Por otra parte, la Codhey ha emitido 16 recomendaciones.
La presidenta de la Codhey subraya que se está trabajando en revisar dónde están los ‘cuellos de botella’ de lo que se recibe, para que haya más velocidad en los trámites, así como fortalecer el área de oficialía de quejas y visitaduría.
Reconoce que hay un rezago importante en las quejas que reciben, pero que ha dado la instrucción para que desde ahora todo se atienda de manera inmediata, sobre todo, porque hay cuestiones que no pueden esperar. “Todas las violaciones son graves, pero hay otras que son gravísimas”.
Por ejemplo, dice, cuando haya una medida cautelar las cosas se tienen que hacer de inmediato.
Indica que el papel de la comisión no es cómodo, “pero sabemos también que es a través de las alianzas donde podemos fortalecer la cultura de respeto no hay que pelearse sino más bien es construir”.
María Guadalupe Méndez Correa, titular del organismo, dice que en la administración pública es necesario hacer entender a los servidores públicos que de alguna forma son defensores y promotores de derechos humanos.
“¿Cuándo viene el problema? Cuando dejamos de hacer nuestro trabajo correcto, y lo dicen las mismas quejas: prestación indebida de servicio público. Si los servidores y servidoras públicos entendiéramos en esta parte de la ética que el respeto a los Derechos Humanos y a la ciudadanía es lo principal, estos números bajarían dramáticamente“.