Las bancadas del PAN y el PRI en el Congreso estatal afirmaron que la reiterada violación a los procesos legislativos y plazos considerados en la Ley de Gobierno y su reglamento pueden ser motivo de responsabilidad de los servidores públicos, tanto diputados como funcionarios del Poder Legislativo.
Además, dijeron que se pueden invalidar los acuerdos aprobados. Panistas y priistas analizan si promoverán procesos jurídicos.
“Estamos analizando el tipo de recurso adecuado para interponerlo y evitar que se siga violentando la normatividad. Los servidores públicos solo podemos hacer lo que la ley nos mande, no podemos hacer algo que no esté señalado en ella o dejar de hacerlo por voluntad”, declaró Gaspar Quintal Parra, coordinador de la bancada del PRI.
Roger Torres Peniche, líder de los diputados panistas, manifestó que hay recursos legales para frenar las violaciones a los mismos ordenamientos del Poder Legislativo. Ya encargaron a su área jurídica analizar cuáles y cómo aplicar estos procesos próximamente.
El pasado domingo publicamos declaraciones de catedráticos universitarios en materia legislativa, quienes indicaron que la omisión o “brincarse” algún paso de los procedimientos legislativos en la emisión de una norma, como el Congreso del Estado ha hecho por las prisas con las que aprueba las minutas de la Cámara de Diputados y la de Senadores, vulnera su proceso y la democracia, lo que puede ser impugnado.
Las consecuencias serían invalidar parcial o totalmente los asuntos resueltos de esa forma, se explicó.
Entrevistados al respecto, los coordinadores de las bancadas del PAN y el PRI en el Congreso del Estado coincidieron en que los catedráticos universitarios tienen razón, y en efecto hay recursos legales que se pueden promover contra los procesos que se realizan en el Congreso sin respetar sus propios ordenamientos.
Quintal Parra recordó que él mismo en una sesión plenaria desde la tribuna del Congreso expuso y dijo a la presidenta de la mesa directiva, Neyda Pat Dzul, que estaban violando sus propios ordenamientos, concretamente el artículo 54, en el que se establece que es obligación de la mesa directiva remitir con 24 horas de anticipación el orden del día de los asuntos a tratar en la sesión extraordinaria que convoquen.
En los últimos casos sólo mediaban dos o tres horas de diferencia entre una plenaria y otra, además de que tampoco les informaban de los asuntos a tratar.
Análisis
El diputado priista Gaspar Quintal recordó que recientemente le negaron el uso de la palabra en una sesión plenaria, lo cual viola sus derechos, y ya considera la posibilidad de presentar un recurso. Su duda es ante qué instancia lo presentaría, ya que el Tribunal Electoral yucateco está paralizado, pero podría ser en la siguiente instancia federal o con un amparo indirecto.
El diputado panista Roger Torres manifestó que encargó al área jurídica de su bancada revisar ante qué instancias denunciarían para frenar las violaciones de las propias leyes del Poder Legislativo.