Al menos entre 25-30 millones de pesos para cubrir los gastos del Instituto Nacional Electoral (INE), los costos de las boletas y documentación, así como la reinstalación de los consejos distritales, son los recursos que el Ejecutivo deberá aportar a la brevedad para elegir este año en Yucatán a 14 magistrados locales, nueve del Tribunal Superior del Estado y cinco del Tribunal de Disciplina Judicial.
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) tendrá a su cargo este proceso electoral.
Su presidente, Moisés Bates Aguilar, refirió que aunque faltan menos de tres meses para el 1 de junio —fecha en la que se planea hacer estas elecciones judiciales— sí sería posible organizarlas, pero depende también de la premura con la que el INE y el gobierno del Estado resuelvan lo que a cada uno le corresponde.
Al funcionario se le entrevistó en las bodegas del Iepac, a donde personal acudió para liberar espacio.
Esta acción, dijo, es parte de los preparativos del proceso electoral judicial, para almacenar el material que se requerirá.
Según informó, se destruirán 35 toneladas de material electoral que sirvió en la jornada de junio pasado.
En su mayoría son alrededor de cinco millones de boletas, ya que se conservarán las actas de cada casilla, sus actas de escrutinio, el cuadernillo para hacer las operaciones del conteo de votos, así como las listas nominales.
El presidente del Iepac manifestó que “hoy liberamos los espacios suficientes para que, en caso de que se lleve a cabo la jornada electoral, podamos concentrar todo el material electoral y así facilitar el trabajo del Instituto”.
Presupuesto, elemento clave en elección
Como informamos en la edición de ayer, el entrevistado reiteró que “el INE tendrá que evaluar si puede seguir apoyando el caso de Yucatán, mientras que el Ejecutivo deberá confirmar si cuenta con la suficiencia presupuestal para otorgar los recursos necesarios al Iepac”.
“Son los puntos vitales, necesarios y urgentes para sacar las elecciones el 1 de junio”, alegó.
Para el caso del INE, recordó que desde el pasado viernes enviaron un oficio a su presidenta, Guadalupe Tadei Zavala, para informarle y coordinar las acciones en la organización de las elecciones extraordinarias del estado, están en espera de su respuesta.
En cuanto a los costos asociados a la organización de la elección, Bates Aguilar consideró que, aunque no se puede determinar una cifra exacta en este momento, el convenio con el INE podría requerir entre 25 y 30 millones de pesos.
Con ello se cubrirían, entre otros, la capacitación de funcionarios de mesas directivas de casilla, la entrega de listas nominales y la credencialización en curso.
“Estamos en pláticas con el Ejecutivo y el Congreso del Estado. Ellos han cumplido con parte de sus responsabilidades legislativas y el Instituto tiene la capacidad de solicitar ampliaciones presupuestales si es necesario, como ahora, para cubrir los gastos de este proceso”, añadió.
También informó que, además de los gastos del INE, se debe considerar el costo de las boletas, papelería y salario de los consejeros distritales para reinstalar los Consejos Distritales en todo el estado.
Votación para magistrados
El presidente del Iepac, Moisés Bates Aguilar, abundó sobre el proceso electoral judicial.
A pesar de los desafíos, Bates Aguilar se mostró optimista sobre la posibilidad de llevar al cabo la elección en la fecha prevista.
“Nunca veo como imposible esta actividad. Dependerá de que el INE nos acompañe y de que haya un presupuesto suficiente. Si se cumplen estas condiciones de manera rápida, creo que podremos organizar la elección a tiempo”.
Respecto a otros asuntos del proceso, el consejero mencionó que, aunque se prevé un número menor de casillas por la elección federal en marcha con la que serían concurrentes, ya se toman las medidas necesarias para garantizar que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto.
“Hablamos de que alrededor de 1,400 casillas serían aprobadas por el INE, que consideramos suficientes para recibir la votación de todo el estado para elegir a los magistrados”.
