La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Mérida expresó su respaldo al incremento del 12% al salario mínimo general que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, como parte de una política sostenida para mejorar el poder adquisitivo y reducir la pobreza en el país.
Esta medida, impulsada por el gobierno federal en coordinación con los sectores empresarial y sindical, busca que el salario mínimo cubra el equivalente a dos canastas básicas ampliadas para 2026 y alcance 2.5 canastas para 2030.
“Esta política ha demostrado ser eficaz: entre 2018 y 2024 los aumentos al salario mínimo explicaron una parte sustancial de la disminución de la pobreza en México”, señaló Emilio Blanco del Villar, presidente de la Coparmex Mérida.
El nuevo salario mínimo pasará de $278.80 a $312.25 diarios, lo que equivale a un ingreso mensual aproximado de $9,367.50.
Este ajuste “representa un paso significativo hacia que una familia con dos miembros trabajando pueda cubrir la canasta alimentaria y no alimentaria (línea de bienestar familiar)”.
La organización empresarial consideró que el ajuste no solo es justo, sino también realista, ya que se alinea con la reforma constitucional que impide que el salario mínimo quede por debajo de la inflación anual, protegiendo así el poder adquisitivo de los trabajadores.
Sin embargo, la Coparmex reconoció los retos para el sector empresarial, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (Pymes), que enfrentarán un aumento en los costos laborales.
Aun así, señaló que “los costos laborales no representan una carga excesiva sobre el valor agregado de la mayoría de empresas mexicanas”.
Asimismo, subrayó que la gradualidad es clave para la viabilidad de esta política. “Desde 2016, Coparmex ha defendido esta ruta para evitar efectos adversos como inflación o informalidad”.
Según expuso, la evidencia internacional muestra que los aumentos salariales no necesariamente destruyen empleos ni elevan la inflación en forma significativa, pero sí pueden reducir la desigualdad y fortalecer el consumo interno”.
“Apoyamos el incremento del 12% para 2026, ya que fortalece el poder adquisitivo, combate la pobreza y mejora la justicia laboral”, indicó Blanco del Villar, destacando también su compromiso con el diálogo tripartito para garantizar que este ajuste no comprometa la viabilidad de las empresas, especialmente las Pymes.
“Seguimos el compromiso de mantener el equilibrio: promover mejores condiciones de vida para los trabajadores sin sacrificar la competitividad económica del país”, concluyó.— IVÁN CANUL EK