MÉRIDA.— El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Yucatán expresa su preocupación ante el avance legislativo de la propuesta de contrarreforma a la Ley del Isstey, actualmente en análisis en el Congreso del Estado, y hace un llamado a que cualquier modificación se realice con visión de largo plazo, responsabilidad técnica y pleno diálogo entre todos los sectores de la sociedad.
El CCE Yucatán señala en un comunicado considera que una reforma de esta naturaleza no puede resultar adecuada sin un análisis profundo, técnico y transparente que evalúe sus implicaciones financieras y sociales.
Las decisiones en materia de seguridad social deben estar sustentadas en diagnósticos financieros y actuariales sólidos, que garanticen tanto la protección de los derechos de los trabajadores como la sostenibilidad del sistema. Cualquier modificación que se realice debe formar parte de una planeación integral que asegure la viabilidad del modelo, evitando que se generen presiones futuras sobre las finanzas públicas y preservando la estabilidad económica del Estado.
Asimismo, el organismo empresarial subraya que es responsabilidad del Poder Ejecutivo garantizar la sostenibilidad del sistema de seguridad social y la salud financiera de las instituciones públicas, velando porque las decisiones en esta materia se adopten con sustento técnico y en beneficio del equilibrio económico de Yucatán.
El CCE Yucatán reitera su compromiso con un sistema de seguridad social justo, sólido y sostenible, que garantice los derechos de los trabajadores y preserve la viabilidad financiera del Estado.
En este sentido, exhortamos a los legisladores a actuar con visión de largo plazo, abriendo un diálogo amplio con especialistas, sindicatos, empresarios y sociedad civil antes de aprobar cualquier reforma que pueda tener consecuencias irreversibles.
Desequilibrio financiero
El CCE Yucatán expresa su preocupación ante la posibilidad de que, en el futuro, eventuales desequilibrios financieros pudieran derivar en nuevas cargas o contribuciones al sector productivo o a la ciudadanía.
En ese sentido, el sector empresarial manifestaría su desacuerdo con cualquier medida que incremente la carga fiscal o deteriore la competitividad del Estado. Es fundamental que las decisiones que se adopten preserven la estabilidad financiera, incentiven la inversión y mantengan un entorno que favorezca la generación de empleo formal y bienestar social.
Finalmente, el CCE Yucatán enfatiza que la iniciativa privada no puede asumir responsabilidad por decisiones de política pública que, de manera directa o indirecta, pudieran comprometer la estabilidad económica o la competitividad del Estado.
El futuro de Yucatán exige decisiones responsables y sustentadas. La responsabilidad legislativa de hoy será la herencia financiera y social de las próximas generaciones.