La última reforma constitucional de 2024 a favor de los indígenas, aunque reconoce a los pueblos originarios como sujetos de derecho público, es insuficiente para abordar las profundas desigualdades y discriminaciones que enfrentan en México, se expuso en el conversatorio sobre “Derechos Humanos de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, Perspectiva y Realidades de los Pueblos Originarios”.
Geofredo Angulo López, investigador de la Facultad de Derecho de la Uady, resumió los principales planteamientos que se presentaron en este evento realizado el pasado martes por la tarde en la Casa de la Cultura Jurídica de Mérida.
“Falta mucho para que los derechos de los pueblos indígenas sean una realidad. La reciente reforma al artículo segundo es un avance significativo, pero no garantiza la implementación real de estos derechos”, resaltó.
En este conservatorio participaron investigadores universitarios especialistas en diversas áreas, como Rocío Quintal López, con el tema de embarazos subsecuentes en jóvenes mayas; Bertha Pech Polanco, sobre derechos y consultas de los pueblos mayas; Silvia Leirana Alcocer en torno a la lengua maya, y María Teresa Baqueiro, acerca de consideraciones de personas con discapacidad de los pueblos originales.
En una recopilación de los temas que se abordaron, Angulo López señaló que “es fundamental recordar que la lengua no es un accesorio cultural, es un derecho, es identidad y memoria. Su vigencia depende tanto del Estado como de la voluntad de las instituciones para protegerla”.
El investigador enfatizó que las políticas públicas deben integrar una perspectiva intercultural, especialmente en cuestiones como el embarazo en adolescentes.
“Las desigualdades de género, educación y salud no solo se acumulan, sino que se heredan y profundizan cuando no se considera esta perspectiva”, explicó, refiriéndose al impacto que tienen en las comunidades indígenas.
Respecto a las personas indígenas con discapacidad, Angulo López destacó la “doble invisibilidad” que enfrentan. “Es crucial que haya una igual valoración de las diferencias en el diseño institucional de las políticas públicas”.
Después subrayó que la autonomía y la libre determinación de los pueblos originarios no deben ser vistas como derechos de ficción. El reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público es un paso importante, pero se requieren instituciones sólidas y consultas previas efectivas.
“Se necesita una real participación de los pueblos originarios en espacios políticos y decisiones que afecten sus territorios”, señaló.
“El desafío es convertir la autonomía en un derecho ejercido. Esto implica establecer reglas claras y políticas públicas que apoyen a estas comunidades”.
El investigador planteó la necesidad de reflexionar sobre cómo hacer que el reconocimiento normativo se traduzca en prácticas institucionales consistentes en la vida cotidiana de las comunidades.
Por lo anterior, hizo un llamado urgente a la sociedad y al Estado para que se tomen acciones concretas que permitan a los pueblos originarios ejercer plenamente sus derechos y vivir con dignidad y autonomía en México.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA
Derechos Política
El investigador Geofredo Angulo López abordó retos en las políticas públicas a favor de los pueblos originarios.
Prioridades
Angulo López explicó que la autonomía implica la capacidad de definir prioridades propias, gobernarse según sus sistemas normativos y mantener una relación viva con su entorno. “Este derecho es estratégico, ya que toca la maquinaria misma del Estado y obliga a repensar la distribución del poder”.
Violencia
También advirtió que la autonomía se desarrolla en un contexto de alta inseguridad y violencia. “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha documentado que muchas veces esta violencia es generada por actores que disputan el control territorial de las comunidades. Esto es una realidad que no podemos ignorar”.