La prosperidad que prevalece en Yucatán ocasiona que las autoridades federales que combaten el lavado de dinero centren su atención en las operaciones de inversión que se realizan en el territorio yucateco, señala Beatriz Gamboa Lago, ex presidenta nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).
La reforma a la Ley Antilavado está vigente desde el 1 de enero pasado.
La Secretaría de Hacienda federal fija un plazo hasta julio de este año para que publique las reglas de carácter general y empiece a ejercer las facultades de una vigilancia más estricta de todas las operaciones inmobiliarias y bajo la responsabilidad de notarios públicos y la nueva figura de Asesor Inmobiliario Certificado, Agencia Inmobiliaria Certificada y Asesor Inmobiliario Aliado.
Fuera de estos nuevos profesionales, nadie podrá realizar operaciones inmobiliarias lícitas en Yucatán.
De hecho, Beatriz Gamboa está en pleno proceso de acreditación y obtención de su licencia como Asesora Inmobiliaria Certificada ante el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy), única dependencia facultada por la ley inmobiliaria para otorgar estos títulos estatales.
En entrevista sobre ese proceso de certificación, la ex presidenta nacional de la AMPI informa que en Yucatán alrededor de 5,000 personas se dedican a la venta de bienes inmuebles de todo tipo, entre ellos venezolanos, cubanos, americanos, etcétera, pero en la actualidad solo 400 están en proceso de certificación.
Ello revela que la inmensa mayoría son personas que realizan operaciones con fines fraudulentas por medio de páginas web o carteles espectaculares, sin seguridad jurídica para el comprador.
Beatriz Gamboa pronostica que con esta estricta supervisión de las autoridades fiscales, hacendarias y de combate al lavado de dinero disminuirán otros delitos como los fraudes por internet, las ventas de lotes irregulares conocidos como lotes de inversión sin servicios y permisos, y las operaciones millonarias con dinero en efectivo.
Más requerimientos
La entrevistada destaca que Yucatán es el único estado del país donde la ley obliga que los asesores y agencias inmobiliarias aparezcan en los protocolos notariales con nombre completo, número de licencia inmobiliaria, tarifas de sus servicios de asesoría, facturación del servicio y resguardo seguro de la documentación que proporcione el inversionista.
Además, la propia ley obliga al asesor inmobiliario a adherir el contrato ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que haya una garantía en el inmueble en venta.
Ante estas nuevas obligaciones, el asesor o agente inmobiliario tendrá que invertir en equipos tecnológicos para el escaneo de los documentos y en bóvedas de seguridad, entre otros gastos para el ejercicio seguro de su trabajo.
Ante tal endurecimiento de la fiscalización de las operaciones inmobiliarias en Yucatán, se preguntó a la empresaria yucateca el por qué de estas medidas extremas de las inversiones en el territorio estatal.
“Yucatán ha sido en los últimos años un estado muy próspero en cuanto al desarrollo inmobiliario”, responde.
“¿Qué le ha dado esa prosperidad y certeza a Yucatán? La seguridad pública. El país en general tiene detalles de cierta inseguridad, por lo que los ojos de los inversionistas, que no dejan de trabajar y no pueden frenar sus negocios, miran hacia Yucatán”.
“Yucatán es famoso por la seguridad, por la ubicación geográfica, porque solo tiene dos salidas del estado, a Campeche y a Quintana Roo, y por las adecuaciones al puerto marítimo de Progreso que realizan el gobierno federal y estatal”, explica.
“La teoría de un futuro promisorio económico para Yucatán está mezclado con el desarrollo inmobiliario. O sea que, digamos, los ojos de los empresarios están puestos en Yucatán. Esta bonanza inmobiliaria alerta a la autoridad y decide vigilar qué pasa en nuestro estado”.
“Vamos a ser prácticos. Yucatán siempre ha sido famoso por sus servicios, como el comercio y el desarrollo inmobiliario. No somos, no tenemos fama de un estado industrial”, reconoce. “De estas actividades (comercio, servicios y sector inmobiliario) hemos trabajado y convivido una vida entera”.
¿Hay sospecha de que en Yucatán se haya infiltrado dinero ilícito? Por ejemplo, se rumora que en el oriente los nuevos ranchos ganaderos son de chiapanecos, oaxaqueños, veracruzanos.
“Bueno, hay un fenómeno real. Vas a una notaría pública y verás que de los nuevos inversionistas de los últimos años nadie ha nacido en Mérida ni en Yucatán”, subraya.
“Todos los compradores son foráneos, porque también hay otro tema, que esa es otra historia. Yucatán ya está fuera del alcance de los yucatecos. Los precios de las propiedades se elevaron tanto que si eres de otra parte del país y tienes otro tipo de sueldo, otro tipo de negocio, puedes pagarla”.
“Si eres un yucateco, a lo mejor ni tu negocio ni tu sueldo te darán para pagar una casa”, reitera. “Eso es un fenómeno real que debería estar bajo el control del gobierno, porque algo está pasando en el estado. Mérida era de los meridanos, Yucatán era de los yucatecos, el día de hoy, me reservo mi opinión”.
La ex dirigente nacional del AMPI en el período 2016-2017, primera yucateca en llegar al alto cargo directivo, detalla que ya está vigente la Ley de Asesor Inmobiliario o intermediario inmobiliario, y será obligatorio su cumplimiento para ejercer esta actividad.
Es una nueva profesión certificada y supervisada por el Insejupy, como respuesta a la ley antilavado federal, que también obliga al trabajo coordinado y transparente con los notarios públicos para cada operación inmobiliaria.
El Insejupy imparte una capacitación de 10 y 50 horas por medio del programa Conocer (Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales). Solo aquellos que terminen y aprueben los cursos recibirán el título respectivo y la autorización para ejercer la nueva profesión.
¿Por qué se endurece esta ley específicamente en el sector inmobiliario?
“La ley de lavado de dinero nace en 2012 en el sexenio del presidente Peña Nieto. Nace esa ley y comenzamos a trabajar con ella. Esa ley fue bastante sencilla”, recuerda. “Fue fácil trabajar con ella, pero a partir de 2025 y con la nueva administración federal la han endurecido porque se ve que el país está envuelto en temas de dinero de procedencia dudosa”.
“Sin duda, estas reformas responden a presiones internacionales para cerrar brechas en sectores tradicionalmente susceptibles a inversiones sospechosas como las inmobiliarias, venta de joyas y de arte”.
“También esta alineación internacional es para el combate al financiamiento al terrorismo y sintonizar como beneficiario controlador con el código fiscal de la Federación”, dice.
“El objetivo es ampliar las facultades de la UIF y la SHCP para requerir información de entidades públicas y privadas, incluidas pequeñas, medianas y grandes empresas, y hasta de los partidos políticos”.
El despegue de la tecnología digital fue a partir del confinamiento obligado por la pandemia del Covid-19 (virus que apareció en México en febrero de 2020), pues la gente empezó a trabajar a distancia y acentuó la migración hacia Mérida porque aquí es mejor la calidad del aire y el ambiente propicio para el trabajo.
Actualmente, según sus cálculos, Mérida ya tiene alrededor de 1.3 millones de habitantes.
Una de las evidencias más claras es que el parque vehicular en la capital yucateca es de unos 800,000 automóviles, según los registros.
Otro indicador de este crecimiento poblacional acelerado es que antes el viaje de un lugar a otro dentro de la ciudad era de máximo 30 minutos, pero hoy tienes que salir con anticipación para que llegues a tu destino porque hay demasiados vehículos y semáforos. (Continuará).— Joaquín Chan Caamal
Población Yucatán
Beatriz Gamboa Lago, ex titular nacional de la AMPI, se refiere al explosivo crecimiento poblacional en el estado.
Boom
“Mérida vive un boom inmobiliario. Se están dando las operaciones de compra, venta y renta de inmuebles. Por ello el Insejupy, como instituto regulador de la seguridad jurídica del gobierno del Estado, decide aplicar medidas para que el intermediario asesore de manera correcta al comprador y vendedor”, explica la empresaria.
Certeza jurídica
“Ahora se requiere dar certeza jurídica a las transacciones porque en el sector inmobiliario han ocurrido muchos fraudes e irregularidades en las operaciones, de todos conocidos”.