Los vecinos del fraccionamiento Gran Calzada, en Umán, continúan sin recibir respuesta a las demandas que han planteado ante autoridades y empresa constructora, pese a los riesgos que consideran latentes para su seguridad.
La principal preocupación es la operación de un booster de gas y la construcción de viviendas cada vez más cercanas a la infraestructura.
“Seguimos esperando información y un diálogo que nos incluya. Mientras tanto, vemos que el booster sigue funcionando y que la inmobiliaria continúa edificando casas incluso más cerca”, afirmó Martha Sánchez, vecina del lugar.
La residente señaló que los habitantes están en un estado de indefensión, pues la inmobiliaria Grupo Casitas les vendió viviendas pese a tener conocimiento previo de la construcción del booster.
Según relató, la empresa aseguró que esa etapa del desarrollo estaría destinada a bodegas o una escuela, y no a una instalación de riesgo.
La mujer recordó que en los avalúos se indicaba que la zona estaba libre de peligros, situación que —afirmó— resultó ser falsa.
A ello se suma la incertidumbre generada por la instalación del booster por parte de Engie Mayakan, lo que, dijo, mantiene a los residentes en constante temor ante la posibilidad de un siniestro.
La vecina criticó la falta de consulta previa por parte de la empresa, al señalar que los estudios de impacto ambiental omitieron información relevante y utilizaron imágenes previas a la construcción del fraccionamiento.
Al solicitar explicaciones al Ayuntamiento de Umán, añadió, la alcaldesa Kenia Waldina responsabilizó a los compradores por no verificar antes de adquirir sus viviendas, lo que consideró una revictimización.
Respecto a las promesas de reubicación anunciadas por el gobernador Joaquín Díaz Mena, indicó que tampoco han sido discutidas con los afectados.
“La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) autorizó el proyecto sin considerar nuestra seguridad. Seguimos esperando una respuesta desde Ciudad de México”, comentó.
La situación se agravó, recordó, tras el rechazo de un amparo promovido por los vecinos, negado por la jueza del Tercer Distrito, quien argumentó que el proyecto beneficiaría a un mayor número de personas. Ante ello, solicitaron una revisión que aún está en proceso.
Martha Sánchez añadió que, tras las manifestaciones realizadas, se creó un comité vecinal para participar en reuniones informativas; sin embargo, solo han recibido una visita.
“No han vuelto a acercarse para dialogar ni para informar sobre avances en una posible reubicación. La ASEA acudió por recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero seguimos sin respuestas”, señaló.
También relató que durante una reunión con Pablo Gamboa Miner, director de la Agencia de Energía de Yucatán, se les recomendó tener cuidado con las personas que los acompañaban en las protestas, bajo el argumento de que no viven en el fraccionamiento. La vecina reiteró el llamado a las autoridades para que atiendan la situación y actúen en defensa de la seguridad y el bienestar de las familias.