Las importaciones de maíz transgénico al país y las enfermedades causadas por alimentos ultraprocesados figuraron en los temas que se abordaron ayer durante la sesión de la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y Gobernación, de la actual Legislatura.
También se puso sobre la mesa la necesidad de apoyo al campo y a los productores.
En la sesión, se aprobó por unanimidad el proyecto de dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado en materia de reconocimiento del derecho a la salud mental y física, soberanía y seguridad alimentaria, alimentación nutritiva y no discriminación.
Según se informó, ese proyecto integra varias iniciativas con el objetivo de consolidar una reforma constitucional de carácter integral que fortalezca el marco de derechos humanos en la entidad.
El dictamen aprobado establece el derecho a la salud mental como un asunto de interés público, y eleva a rango constitucional el acceso a una alimentación suficiente y nutritiva.
Asimismo, fortalece las garantías contra la discriminación y alinea el marco legal en materia de educación, planeación y desarrollo agropecuario en la entidad.
Pese al consenso en la votación, el debate legislativo subrayó una brecha entre la norma y la realidad productiva.
El panista Roger Torres Peniche lanzó una advertencia sobre la dependencia externa, y señaló que, mientras se legisla a favor de la nutrición, México vive una “dicotomía” al romper récords de importación de maíz.
En 2024 se importaron 24.6 millones de toneladas, cifra que aumentó a 25.6 millones en 2025, detalló.
Actualmente “los mexicanos no somos capaces ni de producir ni la mitad de lo que comemos”, dijo.
El legislador enfatizó que el 95% de este grano proviene de Estados Unidos y es de origen transgénico, cuestionando además la validez de los actuales sistemas de medición de avances sociales en el país (como es el caso de la salud, nutrición y bienestar), señalando que los esquemas propios actuales dificultan evaluar la efectividad de estas leyes.
“Ya no sirve”
El panista aseguró que la herramienta con la que se medían estos avances en los últimos dos años “ya no sirve” o ya no se aplica en México.
“Ya las formas como se medían y como se miden en el mundo, aquí en México ya no las aplicamos y simple y sencillamente los esquemas de medición de México, ya son propios y ya no son precisamente los estándares internacionales”, añadió.
En respuesta, Wilmer Monforte Marfil, de Morena, coincidió con la preocupación de Torres Peniche, pero matizó la situación del grano.
México es autosuficiente en maíz blanco (para consumo humano directo), aunque depende críticamente del maíz amarillo o forrajero para el ganado, explicó.
De igual manera, habló de la necesidad de financiamiento para el sector agropecuario.
Además, señaló que esta vulnerabilidad a políticas pasadas que privilegiaron a grandes capitales, desplazando al pequeño productor.
Sobre el derecho a la alimentación, señaló que “tenemos que ligarlo con derecho a la verdadera alimentación, no a una alimentación que es ficticia, que son productos que tarde o temprano nos van a causar daños en nuestra salud (en referencia a los ultraprocesados). Lo vemos con los índices de obesidad, de diabetes que son terribles que terminan siendo un verdadero problema para el estado
Después de la lectura de las iniciativas, el morenista Julián Bustillos Medina consideró que elevar este derecho a rango constitucional obliga a orientar las políticas públicas no solo al acceso, sino también a la calidad nutricional, la estabilidad en el suministro y la sostenibilidad productiva, vinculando directamente este derecho con el fortalecimiento del campo yucateco y el consumo local.