Luego de que un grupo de víctimas de una presunta red fraudes, que operaría la compraventa de autos, denunciaron varios casos de estafas fue arrestada Estephany O. L. el pasado fin de semana quien este viernes 13 de marzo fue vinculada a proceso en una audiencia en el Centro de Justicia Oral de Mérida.
¿Cómo se cometió el fraude con la compraventa de vehículos en Mérida?
Cabe recordar que durante la audiencia inicial, los fiscales de litigación lograron establecer que, el 8 de enero del 2025, Estephany presuntamente vendió una camioneta de la cual no tenía la posesión legal, mediante un intercambio ya que ella recibió un auto compacto de su víctima.
Sin embargo, cuando la estafada intentó vender la camioneta, se la retuvieron, lo que le ocasionó pérdidas económicas, de acuerdo con la carpeta de investigación de la causa penal 338/2025.
Y aunque este es un solo caso, sobre la presunta red de fraude con autos que opera en Yucatán pesan al menos 60 denuncias, aunque los casos reales podrían ser más.
Otros operadores de la presunta red
Incluso el grupo organizado de afectados con la estafa de autos en Mérida ha señalado el presunto involucramiento de un funcionario del gobierno del estado.
Estephany O. L es la segunda detenida, pues previamente arrestaron a una mujer identificada como Liany Nery P.A., quien sería otra presunta operador de la red fraudulenta.
Los denunciantes identifican a otros dos sujetos que serían parte del engranaje que se dedica a estafar con la compraventa de autos en Yucatán y que no han sido detenidos: Gustavo Alonso Castillo Jiménez y su padre Gustavo Alonso Castillo Aranda.
¿De qué delito la acusan?
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán presentó las pruebas suficientes ante la Juez Primera de Control para que Estephany O. L. fuera procesada por el delito de fraude específico y permanecerá en prisión como medida cautelar.
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La autoridad judicial consideró suficientemente probatorios los datos presentados por los fiscales de litigación, por lo que dictó el citado auto de vinculación a proceso, otorgando un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
Antes de concluir la diligencia, la autoridad le recordó a las partes que continuará vigente la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que la acusada permanecerá privada de su libertad hasta esclarecer su participación en los hechos denunciados.
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