MÉRIDA.- No se trata solo de cuánto se pide, sino para qué se usa.
Una deuda de 1,530 millones de pesos (mdp) como pretende el gobierno del Estado puede ser razonable si genera activos públicos medibles, pero riesgosa si solo se usa para aumentar el margen político de gasto con miras a las elecciones de 2027.
Así lo advierte Javier Becerril García, profesor e investigador de la Facultad de Economía de la Uady.
Según explica, el gobierno estatal planea contratar hasta 1,530 mdp en deuda pública a largo plazo, lo que elevaría la deuda total de Yucatán a unos 10,877.7 mdp.
“Esto representa un 2.3% de los ingresos totales estimados para 2026 y un 4.6% de los ingresos de libre disposición”, precisa.
Advierten riesgos políticos por el empréstito oficial
Como se ha informado, en una visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante la inauguración de la Universidad Nacional “Rosario Castellanos” en Kanasín, el gobernador Joaquín Díaz Mena le pidió apoyo para el programa “Renacimiento para Mérida”.
También anunció que solicitaría un crédito de 1,500 mdp para mezclar recursos destinados a una zona metropolitana con movilidad y más agua.
En entrevista con el Diario sobre el tema, Becerril García expresa: “Ya salió el peine del tan anunciado ‘presupuesto histórico’ por parte del Ejecutivo estatal. A costa de contratar más deuda pública a largo plazo (20 años)”.
“Aquí los únicos beneficiados serán los bancos en detrimento de sectores clave que son los de salud, seguridad y programas sociales”.
Además, recuerda, es una práctica recurrente de los gobiernos del tipo populista, a los que les interesa más lo visible, lo aparente.
“Una muestra fehaciente es la pintura para cambiar de color de azul a guinda en instalaciones de la Japay —el absurdo—, en lugar de invertir en equipo e infraestructura de largo plazo en la junta de aguas”, cita.
El economista considera que el anunciado “presupuesto histórico” del Ejecutivo Estatal, ahora se ve que quieren financiarlo a costa de un aumento en la deuda pública.
“Para entender la complejidad de esta situación, hay que explicar con peras y manzanas. La intención del Poder Ejecutivo del Estado es contratar hasta 1,530 mdp, lo que implica un endeudamiento adicional de largo plazo, hasta por 20 años, destinado formalmente a ‘inversión pública productiva’”.
Deuda genera más dudas
Del propio paquete fiscal 2026 que presentó el gobierno del Estado, en el tan cacareado “presupuesto histórico” señala que Yucatán tiene una deuda vigente de 9,347.7 mdp y que el nuevo crédito elevaría el saldo potencial a cerca de 10,877.7 mdp, recuerda.
Becerril García añade que, si se suma a la deuda vigente, el saldo total representaría aproximadamente 16.4% de los ingresos totales y 32.9% de los ingresos de libre disposición.
“Es como imaginar una fiesta y algarabía populista, con ideas y ocurrencias, y se nos ‘antoja’ usar la tarjeta de crédito para seguir la fiesta. Es justamente la ocurrencia del aparato del Estado, seguir la fiesta, porque en el 2027 hay elecciones intermedias”, menciona.
El economista destaca que, aunque el costo inicial del nuevo financiamiento parece manejable (66.3 mdp en costos financieros y 60,000 pesos en amortización), la verdadera carga se extiende a lo largo de 20 años.
“Es como usar la tarjeta de crédito para seguir la fiesta. A corto plazo, parece atractivo, pero a largo plazo compromete los recursos de futuros gobiernos”.
Al entrar en detalles precisa que ese dato subestima la carga real porque el préstamo se pagaría durante dos décadas.
La carga relevante no es solo 2026, sino el flujo anual futuro de intereses y amortizaciones.
La clave no es la cifra que se pide, sino su destino
Todo mundo sabe que abusar de la tarjeta de crédito con pagos “chiquitos” se vuelve una eternidad y merma los ingresos, pues hay que hacer frente a la deuda, y esto compromete a futuros gobiernos durante los próximos 20 años, explica.
Ellos insisten en que, considerando la deuda vigente del “Presupuesto Histórico 2026”, más el nuevo crédito, el servicio de deuda puede parecer manejable, pero en finanzas públicas el problema es el “costo de oportunidad”, esto es: cada peso destinado a intereses es un peso que no va a salud, seguridad, mantenimiento urbano, caminos rurales, transporte, agua potable, cultura, campo, becas o inversión en prioridades.
El especialista menciona que, tal pareciera que para estos gobiernos les “importa el presente” y dejan la carga fiscal al futuro, infravaloran a las generaciones futuras.
“No es posible asegurar y afirmar qué programa en específico se quedará sin presupuesto, de momento no es posible predecir sin ver el Presupuesto de Egresos aprobado por programa. Pero los rubros más vulnerables suelen ser los programas yucatecos o propios, porque no están protegidos por reglas federales”.
En este sentido detalla que los programas más vulnerables serían: apoyo al campo (paquetes de agroquímicos, semillas, herramientas, etcétera, no hay un cambio tecnológico serio y significativo), mantenimiento de caminos estatales (los recurrentes fenómenos meteorológicos erosionan carreteras federales, estatales y caminos rurales que demandan mucho mantenimiento) y la infraestructura social local (la prioridad debería ser la salud, nutrición y educación).
También subsidios estatales al transporte, cultura, deporte, prevención social del delito y apoyos a municipios, así como programas ambientales (adaptación y mitigación al cambio climático debería ser una prioridad), innovación productiva y acciones complementarias de salud o educación no cubiertas por fondos federales.
Becerril García remarca que la razón es simple: los recursos etiquetados de origen federal tienen destino específico, mientras que la deuda se paga principalmente con ingresos de libre disposición (o los recursos propios).
“En el quehacer de los economistas, es entendido que la deuda pública puede justificarse si financia inversión con rendimiento social superior al costo financiero: infraestructura productiva, agua, movilidad, seguridad, salud o conectividad”.
“Pero si el crédito sustituye gasto corriente, cubre insuficiencias presupuestarias o financia obras sin evaluación costo-beneficio, se convierte en una transferencia intertemporal regresiva”, resalta.
Para el especialista, el punto álgido, donde debe prestar atención la sociedad yucateca, no es solo “cuánto se pide”, sino para qué, bajo qué tasa, con qué calendario, con qué evaluación social y con qué transparencia.