En Yucatán y todo el país se ha reactivado el debate sobre el uso de teléfonos celulares en las escuelas, con posturas de diversa naturaleza tras el anuncio del gobierno federal de que a partir del 3 de noviembre entrará en vigor la restricción del uso de celulares y tabletas en primarias y secundarias.
Como informamos el 22 de septiembre pasado, la SEP dio a conocer que la medida aplicará a estudiantes de primaria y secundaria. En educación media superior será parcial y no tendrá efectos en el nivel superior.
En el marco de esa medida federal, que también se aplicará en Yucatán, la asociación México Evalúa dio a conocer el 24 de septiembre una amplia investigación denominada “Proteger el aprendizaje sin ampliar brechas: elementos para el diseño de una política mexicana sobre dispositivos digitales en escuelas”.
Este estudio se hizo en conjunto con la iniciativa Educación con Equidad y Calidad de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.
En esta entrega nos referiremos en términos generales a los principales hallazgos y recomendaciones de política pública divulgadas por México Evalúa sobre este tema.
Entre otras cosas, se indica que “la discusión sobre el uso de dispositivos digitales en las escuelas plantea un doble desafío: proteger el tiempo de aprendizaje y, al mismo tiempo, evitar que una regulación profundice las brechas de acceso y habilidades digitales”.
“La evidencia revisada muestra que restringir el uso del celular durante la clase puede favorecer el aprendizaje, particularmente entre estudiantes con menor desempeño previo”.
“Sin embargo, una restricción general puede tener efectos distintos fuera del aula, especialmente para quienes dependen del celular como su principal herramienta tecnológica”, se indica en el análisis.
En México, se agrega, el celular ocupa un lugar central en la vida escolar y digital de niños y adolescentes. Su uso educativo ocurre con frecuencia fuera de los planteles porque muchas escuelas carecen de conectividad adecuada.
Por ello, el diseño de las políticas públicas requiere considerar no solo cuándo y cómo restringir los dispositivos, sino también las condiciones materiales, las capacidades docentes y las diferencias entre estudiantes y niveles educativos.
Propuestas sobre el uso de celular
La investigación difundida por México Evalúa propone avanzar hacia una regulación diferenciada y condicionada, sustentada en cuatro pilares:
“La regulación puede ser una oportunidad para mejorar los aprendizajes si su implementación se acompaña de evidencia, diálogo con las comunidades escolares y mecanismos de evaluación”, se afirma.
- 1.— Reglas claras que protejan el tiempo lectivo.
- 2.— Infraestructura y conectividad suficientes.
- 3.— Alfabetización digital para estudiantes, docentes y familias.
- 4.— Una línea base que permita evaluar los resultados y ajustar la política.
Entre los principales hallazgos de la investigación están los siguientes:
La distracción digital en clase está aumentando. En 2022, uno de cada cuatro estudiantes mexicanos de 15 años reportaba distraerse en clase con su dispositivo; en 2025 la proporción llegó a 37%.
La evidencia internacional sugiere que limitar el uso durante el tiempo lectivo puede mejorar el aprendizaje, con efectos particularmente relevantes entre estudiantes con menor desempeño previo.
El celular también es una herramienta educativa esencial. Casi ocho de cada 10 estudiantes de seis a 17 años lo usan para actividades escolares y, entre los 12 y 14 años, la proporción se acerca a nueve de cada 10.
Esto significa que el dispositivo no puede analizarse únicamente como una fuente de distracción: para una parte importante del alumnado también representa una vía de acceso a actividades educativas.
La conectividad escolar sigue siendo una condición pendiente. Ocho de cada 10 estudiantes de seis a 17 años utilizan internet para tareas, pero solo uno de cada tres se conecta dentro del plantel.
Además, en 2024 solo 35% de las escuelas públicas de educación básica contaba con computadoras e internet con fines pedagógicos, frente a 80.9% de las privadas. La regulación debe considerar esta diferencia para evitar que una misma regla produzca efectos desiguales.
Dependencia al celular
La dependencia del celular tiene una dimensión de equidad. En 13.1 millones de casos el celular es la única tecnología disponible en el hogar. Entre las familias de menores ingresos, casi ocho de cada 10 estudiantes dependen únicamente de este dispositivo, frente a tres de cada 10 entre las de mayores ingresos. Por ello, retirar el celular sin ofrecer alternativas puede ampliar las brechas de acceso.
La exposición digital crece antes que las capacidades para gestionarla.
A los 12 años, 69.2% de la población ya utiliza redes sociales y entre los 12 y 14 años, 88.2% usa el celular para la escuela.
En contraste, solo 26.2% sabe cuidar sus datos personales y verificar la fiabilidad de la información en internet; entre los 15 y 17 años la proporción llega a 45.3%. El reto, por tanto, no termina con regular el dispositivo dentro del aula: también implica desarrollar capacidades para utilizarlo de manera crítica y segura.
Publicar una regla no garantiza su cumplimiento. La revisión de experiencias internacionales muestra que las normas requieren acompañamiento, recursos, protocolos y capacidades institucionales.
En los casos analizados, la adopción de la regulación puede ser rápida, pero su implementación efectiva toma más tiempo. Esto vuelve especialmente relevante definir desde el inicio quién aplica la regla, bajo qué condiciones, con qué excepciones y cómo se evaluará.
La investigación divulgada por México Evalúa también da a conocer recomendaciones de política pública. Entre ellas están las siguientes:
—Acompañar la regulación con conectividad e infraestructura. Reactivar el despliegue de banda ancha fija en las escuelas y fortalecer sus redes internas permitiría que los planteles puedan gestionar el acceso digital y ofrecer alternativas pedagógicas.
La infraestructura debe ser considerada una condición de implementación, no un elemento posterior.
—Dar certeza a las escuelas sobre la aplicación de las reglas. Los lineamientos deben establecer quién puede resguardar un dispositivo, bajo qué condiciones, quién asume la responsabilidad de su custodia y qué ocurre cuando un estudiante se niega.
También deben definir excepciones verificables para situaciones de salud, discapacidad, emergencias y usos pedagógicos autorizados, y comunicar las reglas por escrito a las familias.
“Proteger el aprendizaje y cerrar las brechas educativas no son objetivos contrapuestos. Una regulación bien diseñada puede contribuir a ambos si distingue entre el uso recreativo y el pedagógico, considera las condiciones de cada nivel educativo y reconoce que no todos los estudiantes cuentan con las mismas alternativas tecnológicas fuera de la escuela.
“El principal desafío consiste en evitar que una medida eficaz para ordenar el tiempo de clase se convierta, fuera de él, en una barrera para el aprendizaje y el desarrollo de habilidades digitales”, se indica en las conclusiones.
“La evidencia presentada busca contribuir a una discusión que todavía puede enriquecerse mediante el diálogo entre autoridades educativas, comunidades escolares, familias, especialistas y organizaciones de la sociedad civil”.
“La regulación acompañará la trayectoria educativa de millones de niñas, niños y adolescentes; por ello, su diseño e implementación ofrecen una oportunidad para construir una política gradual, evaluable y sensible a las distintas realidades del país. México Evalúa y la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad manifiestan su disposición a colaborar con las autoridades federales y estatales para fortalecer este proceso”, indica, entre otras cosas, el análisis que dio a conocer la ONG.