CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).— Hasta septiembre pasado la deuda pública directa municipal reportó un saldo de 45 mil 306.7 millones de pesos, lo que significa una baja en términos reales de 8.3% respecto al cierre de 2016, señaló Aregional.
La empresa de consultoría refirió que 64.4% del total de esta deuda directa municipal se concentra en 39 municipios, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
De estos, la mayor concentración del crédito se tiene en los municipios de Tijuana y Mexicali, en Baja California; Guadalajara y Zapopan, en Jalisco; Monterrey, Nuevo León; Hermosillo, Sonora; León, Guanajuato, y Benito Juárez (Cancún) en Quintana Roo.
Al tercer trimestre de 2017 la dependencia federal reportó que 708 municipios, que representan el 29.0% del total nacional, tenían contratado algún tipo de financiamiento, agregó la firma en un análisis.
Destacó que, en general, continúa disminuyendo el saldo total de endeudamiento de los municipios, tendencia que comenzó en 2015, pues en términos reales se advierte un decremento en su evolución.
“Lo anterior, debido principalmente a que muchos municipios saldaron en parte o totalmente sus compromisos crediticios y, en general, se encontró evidencia de que también una gran parte de estos ayuntamientos han aplicado políticas de contención en la contratación de deuda”, resaltó la empresa consultora.
Recordó que la Ley de Disciplina Financiera para Entidades Federativas y Municipios (Ldfefm) establece topes máximos de endeudamiento para los gobiernos locales, los cuales deben contar con la autorización de las dos terceras partes de sus congresos locales para su contratación.
Asimismo, se establecerá un sistema de registro de sus compromisos financieros y la aplicación de un sistema de alertas del nivel de solvencia que ostentarán.
Estas medidas, que aplicarán para los municipios a partir de enero de 2018, les exigirá a los ayuntamientos mayor rigor y disciplina en sus prácticas administrativas y financieras, con la finalidad de equilibrar sus haciendas locales, y les impondrá un mayor compromiso en la contratación de financiamiento.