CANCÚN.— El fracaso en la aprobación de la Ley de Movilidad en Quintana Roo, que entre otras cosas, mantienen en la anarquía al transporte urbano y obligó a empresas consolidadas e internacionales como Uber a suspender servicios en Cancún, confirma la mediocridad del trabajo del Congreso local, cuyos integrantes, más allá en hacer su trabajo, se la pasaron pensando en su futuro político, aseveró el empresario, Eduardo Galaviz Ibarra, del Observatorio Legislativo del estado.
“Los trabajos de los legisladores fueron de mucho ruido y pocas nueces”, aseveró el activista.
Dijo que los legisladores, lejos de preocuparse por cuestiones serias, aprobaron leyes y llegaron a acuerdos sin importancia y se dedicaron a preparar sus plataformas para las próximas elecciones de mediados de este año.
“Ya empezaron a salir los chapulines, que de pronto se vuelven muy críticos, hablan de todo, pero a lo largo del 2017 tuvieron una actuación gris”, añadió.
En entrevista, Eduardo Galaviz sostuvo que los diputados, al hacer un balance de su gestión del 2017, destacaron muchas cosas, entre ellas la aprobación de las bases para el establecimiento de la ley de transparencia y acceso a la información pública para el estado. Sin embargo, precisa que se trató de una gestión y trabajo que obligadamente tuvieron que hacer por ser una exigencia del nivel federal.
El empresario aseveró que a lo largo del año los legisladores estatales estuvieron navegando de “muertito” todo el año, que el trabajo serio, de establecimiento de leyes como la de Movilidad, la dejaron a medias y las consecuencias están en la anarquía en el transporte.
Subrayó que lo peor de todo es que a pesar de su mediocridad se premian con mayor presupuesto.
En ese sentido, anunció que en conjunto con la asociación “Somos Tus Ojos”, analizan interponer un recurso legal para frenar el alza que el Congreso del Estado se asignó por segundo año consecutivo.—Agencia Infoqroo.
De acuerdo con información del propio congreso, la XV Legislatura se autorizó un presupuesto de 629 millones de pesos para 2018, que incluso descontándole lo correspondiente a la Auditoría Superior del Estado, continúa siendo 40 millones de pesos superior al monto actual, de 435 millones de pesos.