CIUDAD DE MÉXICO (Por Elia Baltazar, corresponsal de Diario de Yucatán/AEE).— La primera controversia constitucional contra la Ley de Seguridad Interior llegó ayer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de la mano de Esperanza Chilaca, síndica de San Pedro Cholula, municipio de Puebla.
Esta es la primera ofensiva legal que admite la Corte contra la legislación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre pasado, y como argumento base reclama la afectación a derechos humanos de la norma aprobada en el Congreso.
El recurso impugna y demanda la invalidez de la Ley de Seguridad Interior y se presentó contra las cámaras del Congreso, el Poder Ejecutivo federal y el director del Diario Oficial de la Federación, Alejandro López González.
Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte, admitió el recurso y lo turnó al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo como instructor del procedimiento, quien deberá elaborar el proyecto de resolución que analizarán y discutirán los ministros en el pleno.
Cinco aspectos
Ernesto López Portillo, secretario técnico del Foro Mexicano para la Seguridad Democrática, explicó en su momento que la Ley de Seguridad Interior es inconstitucional en cuando menos cinco aspectos, entre ellos la autorización de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y de investigación, que contraviene el artículo 21 constitucional.
Además, las organizaciones que integran el colectivo #SeguridadsinGuerra solicitaron al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) interponer una acción de inconstitucionalidad contra la ley porque consideran que “pone en grave riesgo el ejercicio de múltiples derechos y libertades de todas las personas en nuestro país”.
En carta a Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del INAI, las organizaciones advierten que la legislación está en franca contradicción con los estándares constitucionales e internacionales en materia de derechos de acceso a la información y protección de la privacidad.
Recordaron que diversos organismos nacionales e internacionales alertaron sobre los problemas y riesgos que entraña esta nueva legislación para la vigencia de los derechos humanos.
El colectivo señaló que “en un hecho sin precedentes 6 procedimientos especiales de la ONU también se pronunciaron en contra” de la de la ley, incluidos los relatores especiales sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Oponión y de Expresión, y sobre el Derecho a la Privacidad.
Las organizaciones de la sociedad civil le recuerdan al INAI que en su comunicado INAI/431/17, del pasado 19 de diciembre, solicitó al Ejecutivo federal realizar observaciones al artículo 9 de la legislación, relativo al acceso a la información.
Esto por considerar que no garantiza el cumplimiento del principio constitucional de máxima publicidad. No obstante lo anterior, su solicitud no fue atendida y el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la ley.
Oposición se prepara
El coordinador del PRD en el Senado, Luis Sánchez Jiménez, informó que su bancada y la del PT ya pasaron a firma de sus integrantes la solicitud de Acción de Inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior que presentarán el próximo día 18 ante la SCJN, según informó “El Universal”.
Sánchez Jiménez saludó la decisión de la Corte de dar entrada a la solicitud que presentó el ayuntamiento de Cholula, Puebla.
Dijo que además del recurso interpuesto por la autoridad poblana, se sumará el de senadores PRD y PT, que solo esperan la respuesta del PAN, que recibió el proyecto de la solicitud.
“Nuestra petición de inconstitucionalidad incluye argumentos contundentes, es completo y va a fondo, al exponer que se violan los artículos constitucionales 1, 21, 49, 29, 73 fracción 29 M, 89 fracción 6a, 115, 116, 119, 124 y 129. También se contraviene la Convención Americana de los Derechos Humanos en los artículos 1, 8, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31”, indicó.