CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno federal concedió asilo político a cuatro diputados de Ecuador afines al expresidente Rafael Correa.
Esos funcionarios se habían refugiado en la embajada de ese país, en Quito, durante la crisis social de octubre, informó hoy la Cancillería ecuatoriana.
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Los asambleístas, entre ellos una expresidenta del Congreso y un diputado alterno, “tomaron un vuelo comercial hacia Ciudad de México” esta mañana, señaló la cartera en un boletín.
Buscan protección mexicana
Los legisladores de la Revolución Ciudadana que se encontraban asilados en la embajada de México en Quito son Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía y Carlos Viteri Gualinga.
Esto lo confirmó el canciller ecuatoriano, José Valencia, durante una conferencia de prensa.
El gobierno comunicó esta semana a la embajada de México que se brindarían las facilidades necesarias para que esos ciudadanos salgan de Ecuador”
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Aunque ninguno de ellos tiene orden de prisión ni está procesado judicialmente, decidieron mantenerse bajo protección de la embajada mexicana.
Valencia sostuvo que la partida de los opositores evidencia que “detrás del discurso de persecución política está el interés político de un sector que busca la impunidad ante los delitos por los que muchos son ahora procesados en órganos judiciales independientes”.
Origen de las manifestaciones
El presidente de Ecuador, Lenin Moreno, se había sometido a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener créditos por 4.209 millones de dólares.
Por ello, tuvo que tomar medidas económicas como recortar el gasto público y aumentar la recaudación.
Lo que más furia causó entre los ciudadanos fue poner fin a cuatro décadas de ayudas financieras para mantener bajos los precios de las gasolinas y el diésel, subiendo éstos a más del 120%.
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Tales decisiones afectarían con mayor fuerza a los trabajadores y a los más pobres, precarizando aún más el nivel de vida para la mayor parte de la población.
Revés para el gobierno de Ecuador
La reacción no se hizo esperar y millares de ecuatorianos salieron a las calles, desatando una ola de protestas.
Por ello, el mandatario tuvo que cambiar la sede del Ejecutivo a Guayaquil y declarar el estado de excepción en todo el país.
Por la magnitud del movimiento social, donde las comunidades indígenas tuvieron un papel importante, el gobierno se vio obligado a recular y derogar el proyecto económico.
Las protestas terminaron, pero el presidente y su gobierno quedaron muy debilitados y con mucha incertidumbre para las próximas elecciones.- Con información de AP y “El Universal”