MÉXICO.- Como se informó, un juez ordenó el comienzo de un proceso judicial contra René Gavira, exdirector de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y señalado de comprar títulos bursátiles con recursos de este organismo agrícola.
“La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo vinculación a proceso en contra de un ex servidor público del organismo denominado Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) por su probable responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades”, informó la FGR en un boletín.
Según detalló la Fiscalía General, René “G”, en su calidad de titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex entre febrero de 2019 y junio de 2020, “presumiblemente autorizó la compra de 100,000 títulos bursátiles con un valor total de 100 millones de pesos, utilizando para ello recursos públicos provenientes del patrimonio de Segalmex, a través de una Casa de Bolsa”.
El escándalo de Segalmex
Empresas públicas, organismos autónomos y universidades estatales habrían puesto en la bolsa de valores cientos de millones de pesos con intermediarios financieros que resultaron en minusvalías y presuntos fraudes, que están investigando las autoridades y castigaría la FGR.
Ayer la FGR informó de esa primera vinculación a proceso del funcionario. Este 13 de abril, Mario Maldonado publicó en su columna de opinión que estas inversiones de dependencias públicas en instrumentos bursátiles operan desde hace muchos años y que se maximizaron en el sexenio actual. Asimismo, el editorialista señala que fueron toleradas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a cargo de Juan Pablo Graf.
¿Qué tiene que ver Segalmex?
Mario Maldonado recuerda en su artículo que el año pasado, en agosto, se reveló la colocación de 10 mil millones de pesos provenientes del erario que empresas públicas y organismos autónomos habrían hecho en la Bolsa de Valores, a través de intermediarios como Corafi, del empresario René Gavira (ahora vinculado a proceso), y Grupo Escorfin, de Roberto Guzmán García, en contra de las leyes en materia de administración de recursos públicos.
El primer caso que judicializó la FGR es el de Liconsa, empresa pública incorporada a Segalmex y encabezada por Ignacio Ovalle, cercano a López Obrador. Según la Fiscalía, de ella se habrían tomado 100 millones de pesos para invertir en instrumentos de CI Casa de Bolsa, la división bursátil de CI Banco.
Mario Maldonado enfatiza que fueron 800 millones de pesos los que Liconsa colocó en la Bolsa a través de la financiera Corafi, autorizados además por el Comité Central de Inversiones y Operaciones Bancarias, organismo creado para esta empresa en el gobierno de Vicente Fox.
El Comité es un órgano colegiado que, según sus estatutos, se integra por un presidente, en este caso el Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, René Gavira.
Esos 800 millones se señalaron como daño al erario y fueron retornados a la Tesorería de la Federación, tras la intervención del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, para concretar un convenio de pagos provenientes de las financieras involucradas y de la casa de bolsa.
Las adquisiciones de Segalmex llevan tiempo despertando críticas. En julio del pasado año, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló contratos directos por 797 millones de pesos entre una red de empresas fantasmas y este organismo descentralizado y perteneciente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).