El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 en Guerrero de nuevo ha resurgido en la opinión pública tras el anuncio de la detención del responsable de la investigación de este caso y quien fuera el fiscal general, Jesús Murillo Karam.
En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se creó, poco después de tomar el poder, una Comisión para la Verdad encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
En los últimos días, han quedado expuestos por primera vez de manera oficial dos puntos importantes: la participación activa de agentes del Estado con miembros del crimen organizado y todo el aparato de Gobierno de Enrique Peña Nieto (de 2012 a 2018) dedicado a montar una versión falsa que incluyó tortura de los detenidos y manipulación de escenas del crimen.
Qué se sabe del caso Ayotzinapa
Se sabe que los estudiantes de la escuela Raúl Isidro Burgos de Ayoztinapa habían provocado disturbios desde el año anterior contra el Gobierno municipal de Iguala, encabezado por el alcalde José Luis Abarca, por la desaparición y asesinato del líder campesino Arturo Hernández Cardona. Abarca y el crimen organizado habrían lanzado una amenaza: si regresaban al Ayuntamiento, enfrentarían las consecuencias.
Por su tradición de lucha social de este tipo de escuelas y ante el intento del Gobierno de controlarlas, el Ejército había infiltrado a un soldado entre los jóvenes, Julio César López Patolzin. Su misión: informar a los mandos de las actividades de los normalistas. Asambleas, mítines y marchas y cualquier movimiento que “pusiera en riesgo la seguridad nacional”, se lee en el informe de la Comisión. Su último reporte fue el 26 de septiembre a las 10 de la mañana. Desapareció junto al resto.
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El día de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa
El 25 de septiembre, los normalistas se preparaban para acudir a la marcha histórica del 2 de octubre en la Ciudad de México para conmemorar la matanza de Tlatelolco del 68. Debido a que ese día tan solo habían conseguido ocho de los 20 que necesitaban, la mañana del 26 de septiembre, un grupo de normalistas trató de “tomar” más autobuses en la terminal de Chilpancingo, pero las autoridades se lo impidieron y se regresaron a Ayotzinapa. Por la tarde, planearon ir hacia el norte, Iguala, al municipio de Rancho del Cura para pedir dinero y seguir con la toma de autobuses. A las 17.00 salen dos autobuses de los estudiantes hacia ese rumbo. Uno de esos autobuses, con 80 estudiantes, sigue hacia una caseta en Iguala para intentar tomar otro vehículo en la carretera federal. El grupo del primer autobús, consigue otro más (que tienen que abandonar después) y se dirige a la estación de autobuses de Iguala a dejar al resto del pasajeros. Ahí llegan dos autobuses más de normalistas para apoyar a sus compañeros: recorren los andenes y deciden tomar tres más. De uno de ellos, el quinto, de la compañía Estrella Roja, se sospecha que transportaba droga o armas.
A las 21.16 de esa noche los estudiantes salen de la estación de Iguala con cinco autobuses. Cuatro salieron por la calle principal y el quinto, el sospechoso, salió por la parte trasera de la terminal.
Persecución a los normalistas de Ayotzinapa
Tras la toma de los autobuses, se instalan 17 retenes en un radio de 80 kilómetros, compuestos por la policía municipal y miembros del crimen organizado. Los detuvieron a punta de fusil en dos puntos: en la calle Juan N. Álvarez y otro, en el Palacio de Justicia, al este de la ciudad, donde se instaló un retén con policía federal y cerca de ahí, otros dos retenes, al sur y al oeste, por parte del crimen organizado, Guerreros Unidos, con ayuda de la policía municipal. La policía de Iguala baleó los autobuses y pinchó las ruedas
A esa hora salen dos vehículos de estudiantes desde Tixtla, a unos 120 kilómetros al sur, para ayudar a sus compañeros, pues ya les habían avisado de que los estaban persiguiendo y atacando en diferentes puntos de Iguala. Horas después, según los testimonios de algunos miembros de Guerreros Unidos detenidos y de los mensajes interceptados, el narco dio la orden de asesinarlos al asegurar que se trataban de rivales de Los Rojos y no de estudiantes.
Los estudiantes a bordo de cuatro camiones son detenidos y llevados a diferentes dependencias de la policía de Iguala y de Huiztuco, un pueblo cercano, cuyo jefe de policía habló esa noche con un líder de Guerreros Unidos. A las 22:40 el quinto camión, sospechoso de cargar droga, se detiene al llegar al Palacio de Justicia y es registrado por policías federales. No le impiden el paso, a diferencia del resto, solo bajan a los jóvenes que tienen que correr para huir de la policía que los persigue a balazos.
A las 23.30 se produce otro ataque en el retén del sur, en el crucero de Santa Teresa, los policías de Huiztuco, el pueblo cercano que apoyó a la policía de Iguala, balearon desde diferentes puntos el autobús del equipo de fútbol local Los Avispones y mataron a tres personas: uno de los jugadores, una mujer que iba en un taxi y el conductor del autobús que murió días más tarde en un hospital. La información de inteligencia señaló que los confundieron con los normalistas.
Operación del gobierno para ocultar la verdad del Caso Ayotzinapa
Entre las 3 y las 8 de la mañana del 27 de septiembre se presume que se dio la orden de ejecutar y desaparecer a los estudiantes. Pero el informe no desvela los detalles de las comunicaciones entre miembros del crimen organizado y autoridades. A partir de las 8 de la mañana comienza la operación del Gobierno para ocultar la verdad. El informe señala algo importante: cuatro días después de la noche de Iguala, seis estudiantes estaban todavía con vida, secuestrados en una bodega en Pueblo Viejo. Nadie hizo nada.
El 30 de septiembre se tiene registro de que un tal Coronel ya se había encargado de esos seis estudiantes y se daría a la tarea de “limpiar todo”. Los restos de los estudiantes fueron escondidos en diferentes puntos. Algunos, al menos cinco, fueron “cocinados”, disueltos en ácido. Lo que no había podido ser ocultado, se trasladó a tres ranchos —La Mina, Lomas de Coyote, Rancho del Cura— y un dato más que es clave: a las instalaciones del Ejército en Guerrero, el 27 Batallón.
¿Qué es la llamada “verdad histórica”?
La llamada “verdad histórica”, denominada así por el propio fiscal general de México en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Jesús Murillo Karam —quien ahora se encuentra detenido por la acusación de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia— tenía como objetivo dar carpetazo a la tragedia cuanto antes, así como ocultar los vínculos del crimen organizado con las autoridades federales, incluido el Ejército.
La “verdad histórica” era una explicación de los hechos a medida, que incluyó la tortura de los detenidos para falsear testimonios e incluso la manipulación de escenas del crimen inventadas, incluso, se llegó a depositar los restos de un normalista, Alexander Mora, en el escenario que cuadraba para su versión, el basurero de Cocula.
La historia que ha permanecido ocho años en la memoria colectiva y que diseñó el Gobierno anterior consistió en que los estudiantes buscaban boicotear un acto de la esposa del alcalde de Iguala, José Luis Abarca. Lo que provocó la persecución y detención de los normalistas. Según esta versión, los jóvenes fueron trasladados a la Comandancia de la policía de Iguala. Y ahí, entregados al crimen organizado. Sicarios de Guerreros Unidos los incineraron en el basurero de Cocula, al confundirlos con rivales de Los Rojos. Y los restos fueron arrojados a un río cercano.
Esta versión fue cuestionada desde un inicio, principalmente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que además aportó pruebas durante estos años que refutaban la “verdad histórica”, un trabajo que ha sido clave para la elaboración del informe del Gobierno actual.
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Políticos de alto nivel acusados por desaparición de normalistas de Ayotzinapa
Según el informe de la Comisión para la Verdad, los políticos y funcionarios de alto nivel señalados por tortura y desaparición forzada son, además de Murillo Karam, el director de la Agencia de Investigación Criminal y jefe de las operaciones de la Fiscalía esos días, Tomás Zerón —prófugo y refugiado en Israel, México busca su extradición—. También, el subprocurador de la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada), Rodrigo Archundia; el encargado del despacho de la misma institución, Hugo Ruiz y el titular de la Unidad Especializada en Secuestro, Gualberto Ramírez.
Las acusaciones se extienden a altos cargos de la Marina, del CISEN (centro de inteligencia), de la Policía Federal, donde se menciona al actual jefe de Policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch; además de altos mandos del Ejército, como el comandante Alejandro Saavedra.
Tras la detención de Murillo Karam, el político de más alto nivel sentado en el banquillo por los hechos hasta ahora, la Fiscalía General de la República dio a conocer la petición de 83 órdenes de captura. Entre ellas, las de 20 mandos militares y personal de tropa de los batallones 27 y 41 de infantería, 11 policías estatales de Guerrero, 26 agentes municipales de Huitzuco, 6 de Iguala y uno más de Cocula. En la lista también están incluidos 14 miembros de Guerreros Unidos y 5 autoridades administrativas y judiciales de Guerrero.
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Con información de El País