CIUDAD DE MÉXICO.— Este jueves, durante la habitual conferencia de prensa matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, participó Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

En su intervención, Gómez Álvarez reveló que el Partido Acción Nacional (PAN) realizó una transferencia bancaria a una de las empresas de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad del expresidente Felipe Calderón, detenido en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.

Transferencia interbancaria

“Aquí tenemos una operación el 24 de abril de 2015, un SPEI, una transferencia interbancaria del PAN hacia GLAC Security Consulting Technoligy Risk Management SC, constituida en México, propiedad de García Luna y de su familia”, dijo Gómez Álvarez.

Pablo Gómez explicó que la operación fue por un millón 160 mil pesos.

“El contexto comercial que había entre Acción Nacional y Glac Security de García Luna, no era ajeno a la relación con ese partido por lo que se ha dicho insistentemente, pero no solo hay responsabilidades políticas evidentes, sino también hay vínculos que ya no son de tipo que tienen que ver con ideas y planteamientos, sino algo ya mucho más cercano al grado de tener un vínculo comercial que queda ahí para la historia”, dijo el titular de la UIF.

Al presentar un informe sobre las operaciones financieras del entramado de corrupción encabezado por García Luna, el titular de la UIF dijo que el exfuncionario usó una estructura corporativa con sede en, Miami, Florida, que a su llagada le dieron 10 millones de dólares para su instalación en ese estado de la Unión Americana.

Denuncian a la esposa de García Luna por presunta cómplice

El Gobierno mexicano denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Linda Cristina Pereyra por ser presunta cómplice de su esposo, el exsecretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 Genaro García Luna, declarado culpable el mes pasado por narcotráfico en Estados Unidos.

Este jueves, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno, acusó a la mujer de ser partícipe del entramado de corrupción que obtuvo más de 700 millones de dólares de procedencia ilícita que terminaron en la ciudad estadounidense de Miami, Florida.

“Ella está denunciada por el Gobierno de México a través de la UIF por operaciones con recursos de procedencia ilícita y algunos otros delitos, al igual que varios de sus familiares, que han sido beneficiarios de parte de este inmenso botín que se generó a través de la Secretaría de Seguridad Pública“, dijo Gómez en conferencia.

La denuncia se revela después de que un jurado en Nueva York declaró culpable el 21 de febrero a García Luna, quien lideró “la guerra contra el narco” en la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012), de cinco delitos relacionados con el narcotráfico y de mentir en su solicitud de ciudadanía estadounidense.

En el caso, Pereyra subió al estrado como la única testigo de descargo en contra del exfuncionario mexicano.

Pero en paralelo, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador interpuso una demanda civil en 2020 en Florida para reclamar el dinero público que, según él, García Luna y su familia se llevaron a Miami.

“Ella es propietaria de cuatro departamentos en Miami que están intervenidos por la Corte, de la lista larga de los inmuebles que están asegurados por la Corte de Miami, donde está interpuesto el juicio civil que reclama estos bienes, cuatro de ellos están directamente a nombre de ella”, detalló Pablo Gómez.

El titular de la UIF, que depende de la Secretaría de Hacienda, denunció también que un entramado de empresas relacionadas con García Luna recibió 10 contratos por más de 316 millones de dólares con entidades del Gobierno durante 2006 a 2012.

“Esas operaciones que están ahí señaladas con dinero, ese dinero salió de México rumbo a Barbados y de Barbados a Florida. Todo ese torrente”, sostuvo al exhibir una gráfica de la presunta red.

Aunque argumentó que la FGR es una entidad autónoma y le corresponde a ella indagar, Gómez afirmó que “están abiertas las carpetas de investigación” y que la UIF ha pedido emitir órdenes de aprehensión al presentar entre 10 y 15 denuncias.