CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— México tiene todavía múltiples temas pendientes, según el informe anual de Amnistía Internacional (AI) sobre derechos humanos, como por ejemplo la estigmatización de las personas defensoras de derechos humanos y feministas, y también en la represión con violencia.
“La cifra de homicidios de periodistas continuaba en niveles máximos, y muchas de las víctimas habían recibido medidas oficiales de protección. Al terminar el año se habían registrado más de 109,000 casos de personas desaparecidas y no localizadas”, se lee en el informe anual de AI, en el apartado de México.
Asimismo, la organización informó que la militarización de la seguridad pública aumentó y la legis-lación consolidó la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública hasta 2028.
Esto en relación con la incorporación de la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la autorización para que dicho cuerpo participe en operación de seguridad pública hasta 2024.
La Guardia Nacional, acusó AI, utilizó fuerza excesiva en varias de sus operaciones. “La falta de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información dificultaba a las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familias el acceso a la verdad, la justicia y la reparación”, escribió.
Por otra parte, el año resultó ser el más mortífero de la historia para la prensa nacional: al menos 13 periodistas fueron víctimas de homicidio en posible relación con la labor que desempeñaban.
Además, en sus habituales conferencias de prensa matutinas el Presidente criticó “duramente” a la prensa y a las organizaciones de la sociedad civil, y muchos casos de homicidios a periodistas quedaron sin resolver.
En cuanto a la violencia contra las mujeres, entre enero y noviembre se denunciaron 3,450 asesinatos de mujeres. De ellos se investigaron como feminicidios un total de 858.
En cuanto al uso excesivo de la fuerza, AI mencionó en su informe múltiples casos en diversos lugares del país en los que las fuerzas de seguridad del estado utilizaron su postura para cometer abusos e incluso asesinatos.
“En agosto, en la ciudad de Nuevo Laredo (Tamaulipas), agentes de la Guardia Nacional dispararon contra un automóvil en el que viajaba una mujer con un niño y una niña; Heidi Mariana, de cuatro años, murió, y Kevin, su hermano de siete años, resultó herido”, por ejemplo.
En cuanto a las desapariciones forzadas, uno de los problemas más graves del país, AI afirmó que continúa la impunidad, y que el emblemático caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 avanzó, pero de nuevo se estancó.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que hacía un seguimiento de los avances en el caso de Ayotzinapa, dijo que hay injerencias.
Devastación del Covid
En su mismo informe, AI señala por otro lado que tres años después de que se iniciase la pandemia de Covid-19, América Latina sigue sufriendo las consecuencias “devastadoras”: una gran recesión económica, gobiernos que no garantizan los derechos básicos y la intensificación de tácticas represivas para acallar las protestas.
“Las autoridades no garantizaban (en 2022) el acceso de millones de personas a los derechos básicos a la alimentación, el agua y la salud, y los sistemas de atención de la salud seguían adoleciendo de una grave falta de fondos. En un contexto de recesión económica, en muchos países las autoridades intensificaron el uso de tácticas represivas para acallar la disidencia y numerosas formas de protesta”, se lee en el documento, que analizó la situación de 2022 en las regiones y en los países del mundo.
Varios gobiernos declararon estados de excepción que dieron lugar a graves violaciones de los derechos humanos, como detenciones, juicios injustos y homicidios ilegítimos, agregó AI.
Además, la represión fue usando fuerza excesiva contra quienes ejercían su derecho a protestar, sometiendo a vigilancia ilegítima y seguimiento a activistas, y atacando a periodistas.
Asimismo, agregó la organización, sectores de la población discriminadas como personas negras o pueblos indígenas fueron víctimas de manera desproporcionada de violaciones de derechos humanos, como abusos policiales y tortura y otros malos tratos en los centros de detención de personas migrantes.