Un periodista que tuvo acceso a la denuncia anónima de 32 páginas que se entregó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) el pasado 9 de abril contra el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, señala que en ella se afirma que durante su gestión evitó amparos y suspensiones contra Tren Maya, cancelación del NAIM y AIFA; y pesan sobre él acusaciones de varios delitos.
Zaldívar y Julio Scherer evitaron amparos contra Tren Maya, AIFA y NAICM
Se trata del comunicador Juan Omar Fierro, quien explicó en Aristegui en Vivo que la carta anónima presentada ante el CJF denuncia a Arturo Zaldívar, expresidente de la Suprema Corte, y Julio Scherer Ibarra, ex Consejero Jurídico de la Presidencia con Andres Manuel López Obrador.
A ambos personajes se les acusa en la carta de dirigir un presunto esquema ilícito cuyo modus operandi consistía en presionar a jueces y magistrados para favorecer al Gobierno de AMLO en litigios relacionados con proyectos estratégicos como el Tren Maya, la cancelación del aeropuerto de Texcoco el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
Además, agrega, buscaban beneficios económicos o políticos alterando litigios mediante intervenciones ilegales.
La denuncia anónima que causó la investigación al círculo de Zaldívar
La denuncia anónima de 32 páginas sostiene que Zaldívar y Julio Scherer, junto a 20 personas más, desgrana un esquema dirigido por ambos para presionar, intimidar, extorsionar y acosar jueces, juezas, magistrados y magistradas del Poder Judicial de la Federación.
El objetivo era obtener resoluciones favorables al gobierno de AMLO y a los intereses personales y económicos de los exfuncionarios involucrados.
Ya que la colaboración concreta de Carlos Antonio Alpízar Salazar con Julio Scherer le trajo amplios beneficios políticos, así como la obtención de “grandes sumas de dinero; es propietario de ranchos, terrenos, casas y autos, todas propiedades millonarias”.
La investigación número J/108/2024, cuyo acuerdo de apertura acuerdo oficial se fechó el 9 de abril, señala:
“Con fundamento en el marco normativo de referencia, se ordena el inicio de la investigación y se otorga para su trámite a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (Ugira) las más amplias facultades a efecto de que se recaben los medios probatorios que resulten necesarios para el esclarecimiento de las conductas denunciadas”.
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El pasado viernes 12 de abril se dio a conocer que la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, dio trámite a la denuncia anónima, de acuerdo con la normatividad del CJF, organismo regulador de jueces y magistrados federales.
Y es que el Consejo de la Judicatura permite que las quejas o denuncias se presentan por cualquier persona o servidor público que tenga conocimiento de faltas administrativas y probable responsabilidad de servidores públicos, incluyendo la de carácter anónimo.
¿De qué denuncian a Zaldívar?
Notitia Criminis, portal especializado en derecho penal que también tuvo acceso a los documentos de la investigación, apunta que el escrito indica que Zaldívar habría “vulnerado” la autonomía e independencia de múltiples operadores del sistema de justicia con la finalidad de “satisfacer intereses personales o de terceros”.
“Ejerció presión sobre titulares de órganos jurisdiccionales, a través de Carlos Antonio Alpízar Salazar, con el objeto de que resolvieran a favor de sus intereses, prometiendo beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo y hasta dinero, o bien a través de extorsiones y amenazas de cambios de adscripción, inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa o suspensiones”, se detalla en el documento.
Los brazos operadores de Zaldívar para ejercer estos actos ilícitos, de acuerdo con la denuncia, fueron la referida excontralora Arely Gómez, así como el magistrado Jaime Santana Turral, quien estaba a cargo de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del CJF.
En el escrito se menciona una lista de más de 50 jueces y magistrados que bajo supuesta extorsión o complicidad con Zaldívar y su grupo, habrían aceptado resolver asuntos penales, administrativos, mercantiles y civiles en los sentidos que les eran indicados o “recomendados”.
Entre ellos jueces como Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna, o Iván Zeferin Hernández, a cargo de varios de los casos de mayor impacto en temas de corrupción y delincuencia organizada.
“Una de las formas para obtener resoluciones acordes a sus fines era el ofrecimiento o venta de favores políticos“.
Un ejemplo de los beneficiados es la lista de personas aspirantes para ocupar el cargo de consejero de la judicatura federal, propuesta por el senado en 2021, encabezada por Alejandra Daniela Spitalier Peña, brazo derecho de Zaldívar, en la que se incluyó al magistrado Córdova del Valle y Netzaí Sandoval”.
Documento de denuncia a Zaldívar.
Violencia sexual y desvío de recursos públicos, delitos de los que acusan a Zaldívar
La investigación anónima contra varios excolaboradores del exministro Arturo Zaldívar señala que el exfuncionario atentó contra la independencia del Poder Judicial, y acusa falta de profesionalismo, violencia sexual, cohecho, desvío de recursos públicos, abuso de funciones y enriquecimiento ilícito, entre otros posibles delitos e irregularidades de carácter administrativo.
Aristegui Noticias indicó que verificaron la autenticidad del documento con fuentes del más alto nivel.
La denuncia anónima contra el exministro Arturo Zaldívar y casi 20 de sus excolaboradores, sostiene que existió un modus operandi durante su gestión como titular del Poder Judicial de la Federación (PJF) para presionar a jueces y magistrados.
Los dos grandes propósitos, eran favorecer al gobierno de AMLO con resoluciones que no frenaran sus proyectos estratégicos como el Tren Maya y alterar litigios para obtener grandes beneficios económicos o políticos.
En todos los casos, Zaldívar y sus tres principales operadores Carlos Antonio Alpízar Salazar, Netzaí Sandoval Ballesteros y Edgar Manuel Bonilla del Ángel, los cuales presuntamente trabajaban bajo las órdenes o en complicidad con el exconsejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra.
Según la denuncia entregada al Consejo de la Judicatura, la relación de subordinación y complicidad entre Zaldívar y Scherer obedeció a que el exconsejero Jurídico operó al interior de la Suprema Corte “para que Zaldívar cumpliera su sueño” de dirigir el Poder Judicial de la Federación.
Operaciones para favorecer al gobierno de AMLO y criminales
El escrito que sirvió para que la Ugira (única área con facultades para indagar a Zaldívar) abriera una investigación formal señala que en un principio Arturo Zaldívar y sus tres principales colaboradores solían operar para beneficiar al gobierno de López Obrador en litigios sobre el Tren Maya, la cancelación del Aeropuerto de Texcoco y la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), obras en las que se exigía que no concedieran amparos o suspensiones.
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Además, se señala que en procesos penales contra presuntos narcotraficantes o líderes criminales, jueces y magistrados eran invitados a supuestas reuniones de “sensibilización” con mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Pero en realidad presionaban e intimidaban a los impartidores de justicia para evitar liberaciones o acelerar extradiciones, bajo el argumento que era para cumplir con las peticiones que se hacían por parte de Estados Unidos.
“Existía un sistema corrupto utilizado para influir en las decisiones de los titulares de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, mayormente en asuntos de interés del Poder Ejecutivo; consistente en citar a magistrados, jueces e incluso secretarios en funciones al piso 14 del edificio sede del Consejo de la Judicatura Federal para presionarlos o exigirles que resolvieran en determinado sentido”.
Detalla la denuncia.
Esta serie de mecanismos y presiones se habría utilizado para influir en múltiples casos de alto impacto, entre ellos el caso Cruz Azul; Lozoya; Estafa Maestra; Infonavit; Grupo Empresarial Anacar; Tren Maya; Aeropuerto de Santa Lucía; El Heraldo; Forever 21; y varios más.
Uso indebido de recursos en el Poder Judicial con Zaldívar
Por otro lado, en la denuncia que detona la investigación también advierte de un uso inadecuado de recursos del Poder Judicial por parte de Carlos Alpízar.
Y es que señalan el presunto uso del personal de seguridad de la Judicatura para hacer labores de “choferes, mucamas, servicio, construcción o cualquier otra labor que fuera necesaria para él (Alpízar) y su familia, incluso los obligaba a acudir a realizar dichas funciones por lo menos un mes antes que iniciara oficialmente su nombramiento”.
Y en el caso de Netzaí Sandoval, quien labora actualmente en la ponencia de la ministra Batres, se advierte que gracias a recursos que obtuvo indebidamente durante su gestión pudo hacerse de diversos bienes, entre ellos un pent-house en la zona de Santa Fe.
Para obtener los recursos se implementaros diversas modalidades, entre ellas “el establecimiento de cuotas para poder tener una plaza, a veces se pedía una cantidad del sueldo, otras fuertes cantidades de dinero por adelantado, y algunos tenían que entregar bonos y aguinaldos”.
Acoso laboral y violencia sexual y de género
La investigación sobre los delitos en los que se involucra a Arturo Zaldívar incluye señalamientos relacionados con presunta violencia sexual y de género y acoso laboral reportados en la denuncia.
Notitia Criminis agrega que la denunica consigna que Arely Gómez y Jaime Santana Turral encubrieron denuncias por presunto acoso sexual en donde varias víctimas reportadron diversas conductas cometidas, algunas muy graves, que habrían sido perpetradas por Carlos Alpízar en contra de trabajadoras de la Corte.
Y también se reportan señalamientos y maltratos despectivos por temas de género y preferencia sexual.
Además, se describen presiones para que diversos servidores públicos promovieran denuncias por supuestos acosos que no eran reales con la finalidad de perjudicar a diversos opositores a las designaciones de Zaldívar y Alpízar.
Principales involucrados en el caso Zaldívar
1. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, expresidente de la Suprema Corte y actual colaborador de la campaña presidencial de la morenista Claudia Sheinbaum en materia de justicia.
2. Carlos Antonio Alpízar Salazar, actual Jefe de la Unidad de Desarrollo Democrático de la Secretaría de Gobernación y ex secretario técnico del Consejo de la Judicatura y ex secretario técnico de la Presidencia del CJF.
3. Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico de la Presidencia y hoy empresario en el ramo inmobiliario.
4. Edgar Manuel Bonilla del Ángel, exdirector del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM) y actualmente magistrado federal.
5. Netzaí Sandoval Ballesteros, exdirector del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) y hoy coordinador de ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama.
6. Arely Gómez González, recién nombrada auditora general de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y excontralora del Poder Judicial en la gestión de Zaldívar.
Las reacciones a la denuncia anónima contra Zaldívar por diversos delitos
Tras conocerse las imputaciones contra Arturo Zaldívar, la candidata presidencial de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez, exigió a su adversaria, la morenista Claudia Sheinbaum “no tapar la corrupción” del ex presidente de la Suprema Corte e investigar a su equipo de campaña por este tipo de denuncias.
Y señaló que “La ministra Piña no está en mi campaña, él está en la campaña de Claudia Sheinbaum, él decidió politizarse como ministro”.
Por su parte, la abanderada de la alianza conformada por Morena, el PT y PVEM, Claudia Sheinbaum, dijo que la investigación tiene “un objetivo político” y advirtió que este tipo de indagatorias “no ayuda a México”.
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