GUADALAJARA (EFE).— Los 36 colegios de abogados en Jalisco se pronunciaron ayer contra la reforma judicial que discutirá el Congreso porque “dañaría” la democracia y la “sometería” al Poder Judicial, que es contrapeso del gobierno.
“Es indigno que un Poder Legislativo, un Poder Ejecutivo quieran someter, hincar y quieran doblar a un Poder Judicial de la Federación que es el contrapeso en la democracia”, dijo en conferencia de prensa José Luis Tello, presidente del Consejo de Colegios de la Abogacía en Jalisco, que reúne a 1,700 profesionales.
Señaló que con la aprobación de la iniciativa del Presidente, quien busca instaurar la elección popular del Poder Judicial, el Ejecutivo pretende tener “jueces, ministros y magistrados a modo” para sus intereses personales, por lo que pidió al pleno del Legislativo que “no se deje engañar”.
La reforma judicial impulsada desde el oficialismo, que la discutirá en el Congreso a partir del lunes, prevé la renovación total de los ministros de la Suprema Corte y la mitad de los jueces en todo el país mediante el voto popular a partir de 2025.
Acciones de presión
Tello afirmó que la elección popular de los jueces y magistrados tendrá un costo de cerca de 64,000 millones de pesos, que podrían destinarse a educación o salud.
Afirmó que el paro indefinido que realizarán los jueces y magistrados a partir de hoy miércoles es una de las acciones para presionar contra esta iniciativa.
“Esto es un ejemplo claro (de las acciones), mientras el Ejecutivo no razone y tenga los pies firmes para darle una marcha atrás a esa reforma al Poder Judicial, porque es errónea y porque interrumpe y viola las garantías individuales y sobre todo el Estado de derecho”, dijo.
Los abogados afirmaron que cualquier profesional que quiera estar en el Poder Judicial debe tener una capacitación especial que no cualquier persona puede tener, pues requiere de conocimientos en temas jurídicos y legislativos.
El presidente del Colegio de Abogados en Juicios Orales, Agustín Flores, dijo que la reforma pretende crear un Tribunal de Disciplina que castigue a los malos funcionarios, una medida innecesaria porque ya existen órganos de control.
“Siempre hay controles, el Consejo de la Judicatura Federal tiene su comisión de disciplina y tienen una figura jurídica, que es la queja administrativa, cualquier persona que advierta que un funcionario no está realizando su función puede hacer saber esa conducta inadecuada”, explicó.