Diversos sectores advierten que la regularización de casas invadidas podría afectar los derechos de legítimos propietarios.
Diversos sectores advierten que la regularización de casas invadidas podría afectar los derechos de legítimos propietarios

CIUDAD DE MÉXICO.- El reciente anuncio del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), que permitirá la regularización de viviendas ocupadas de forma irregular, ha generado una oleada de críticas por parte de especialistas, periodistas, analistas financieros y diversos sectores de la ciudadanía.

Recordemos que el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, implementará un nuevo esquema de regularización para personas que habitan viviendas de manera irregular. Esto lo anunció durante la conferencia matutina del lunes 16 de junio.

Las reacciones han coincidido en señalar que esta política podría fomentar las invasiones y enviar un mensaje de impunidad a quienes despojan a otros de su patrimonio.

Usuarios en redes sociales que han expresado su preocupación ante lo que consideran una amenaza directa a la propiedad privada.

 “La 4T normaliza el despojo”: señalan en redes sociales

Mensajes difundidos en redes sociales reflejan la percepción de que el gobierno federal, a través del Infonavit, estaría legitimando la ocupación ilegal de viviendas.

Periodistas como Joaquín López-Dóriga y José Yuste han manifestado públicamente su rechazo a la iniciativa.

López-Dóriga calificó la medida como una “barbaridad” que promueve la ilegalidad, mientras que Yuste alertó que el Infonavit estaría “dando la espalda a quienes sí pagan sus créditos”, afectando a los verdaderos derechohabientes.

“No habrá despojos, salvo que exista una denuncia”: Rosa Icela Rodríguez

En respuesta a la creciente polémica, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aclaró que el gobierno mantiene su política de no realizar desalojos forzosos en viviendas del Infonavit ocupadas de forma irregular, salvo cuando exista una denuncia formal por despojo.

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Rodríguez enfatizó que la estrategia busca evitar conflictos y proteger los derechos humanos mediante brigadas sociales que ofrecen alternativas de vivienda y esquemas de regularización.

No obstante, reiteró que ninguna autoridad puede ignorar una denuncia legal, y que en esos casos sí se procederá conforme a la ley.

Señalan que existen grandes riesgos

A pesar de las aclaraciones oficiales, especialistas advierten que la ambigüedad del planteamiento podría abrir una peligrosa puerta legal para validar actos ilícitos.

Además, señalaron que esta política podría derivar en un descontrol territorial, generando conflictos sociales.

La principal preocupación radica en que, sin una denuncia formal, los ocupantes ilegales podrían adquirir las viviendas, lo cual pondría en segundo plano los derechos de los legítimos propietarios y derechohabientes.