CIUDAD DE MÉXICO.— La Guardia Nacional (GN), creada en 2019 para devolver la seguridad a los mexicanos, fracasó rotundamente en su misión, aseguró Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana.
En entrevista con Proceso, López Portillo advierte que este cuerpo militarizado no sólo incumplió sus objetivos, sino que México es hoy un país más violento, con cárteles fortalecidos y una creciente connivencia entre criminales y políticos.
“La Guardia Nacional es el eje de un modelo de seguridad pública obsoleto, centrado en el uso de la fuerza y la militarización de las funciones policiales”, sostiene el especialista.
Reformas para ampliar facultades de la Guardia Nacional
Pese a estos resultados, la Cámara de Diputados aprobó recientemente reformas que amplían sus facultades: puede intervenir comunicaciones privadas, realizar operaciones encubiertas y sus elementos pueden postularse a cargos públicos civiles.
Esta decisión contrasta con los datos duros. El informe “México: Seguridad Ciudadana y Democracia”, elaborado por el programa que encabeza López Portillo, concluye que la Guardia Nacional es ineficaz y opaca en sus resultados.
Uno de los datos más reveladores es que, en promedio, cada uno de sus 130 mil elementos realiza apenas 0.071 detenciones al año, mientras que las policías estatales alcanzan 1.6 capturas anuales por agente.
La comparación internacional también es contundente: la Policía Nacional de Colombia, con una estructura y funciones similares, registra 1.2 detenciones por agente al año, 16 veces más que los guardias nacionales mexicanos.
López Portillo explica que, a diferencia de Colombia —donde no se aplicó una política de “abrazos, no balazos”—, en México se privilegió una estrategia permisiva que favoreció la expansión de la criminalidad.
En ese contexto, la GN se convirtió más en una herramienta de propaganda que en una solución real. Un “espejismo de seguridad”, como lo define.
Incluso en 2024, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a declarar que México era “un país pacífico”, pese a que se vivió el proceso electoral más violento del que se tenga registro, con 189 asesinatos de candidatos, funcionarios y actores políticos.
Más violencia con la Guardia Nacional
El fracaso es evidente si se observan las cifras de homicidios. Durante el gobierno de López Obrador se registraron 193 mil 377 asesinatos, un 23% más que en el sexenio anterior y un 59% más que en la gestión de Felipe Calderón.
La tasa de homicidios, que en 2006 era de 9.6 por cada 100 mil habitantes, se disparó a 23.9 en 2023, según el estudio de la Ibero.
A esta crisis se suman las desapariciones. Durante el sexenio anterior hubo 51 mil 387 casos, un incremento del 57% respecto al gobierno del priista Enrique Peña Nieto y tres veces más que con Calderón.
La estructura de la GN tampoco permite enfrentar el problema. El 77% de sus elementos proviene del Ejército y el 10% de la Marina, lo que refuerza la militarización y limita el desarrollo de capacidades civiles.
Altos niveles de aprobación ciudadana
A pesar de sus pobres resultados, la GN mantiene altos niveles de aprobación ciudadana (77.2%), un fenómeno que los expertos atribuyen a la confianza generalizada en las Fuerzas Armadas, que supera el 80%.
Sin embargo, esa confianza convive con un historial preocupante en materia de derechos humanos: entre 2018 y 2024, la CNDH recibió mil 934 quejas contra la GN, incluyendo 183 por detenciones arbitrarias.
La investigación de la Ibero señala que la militarización ha sido acompañada por violaciones a derechos humanos, falta de controles civiles y debilitamiento de las policías civiles.
Otro dato revelador es la escasa participación de la GN en decomisos de droga. Mientras que la Armada confiscó 48 toneladas de cocaína en 2023, la GN apenas incautó dos toneladas.
Lo mismo ocurrió con el fentanilo: la GN decomisó 211 kilogramos, mientras que el Ejército aseguró mil 499 kilos de esta droga sintética.
Más dudas que certezas
La falta de resultados va acompañada de un problema estructural: la opacidad. Desde su transferencia a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la GN no rinde cuentas a ningún organismo civil.
“El Congreso debería ser un contrapeso, pero la mayoría oficialista lo impide. Y con la desaparición del INAI, la situación empeora”, advierte López Portillo.
Las preguntas ahora con la Guardia Nacional son inevitables.
¿Cuál será el verdadero papel de la Guardia Nacional? ¿Qué competencias tendrá la SSPC? ¿Y hasta qué punto habrá fricciones entre mandos civiles y militares?
“Lo único claro —concluye López Portillo durante la entrevista— es que ahora mismo no hay medios institucionales para obligar a la GN a rendir cuentas. Y esa es la peor noticia para la democracia”.— Proceso