CIUDAD DE MÉXICO.— México debería adoptar tribunales de justicia transicional como herramienta para enfrentar su crisis de desapariciones, al igual que lo hizo Colombia con su Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sostuvo Ángela María Buitrago, exministra de Justicia colombiana y experta en desapariciones forzadas.
Angela María, quien integró el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó el caso Ayotzinapa, explicó que mecanismos como la JEP han sido fundamentales en Colombia para ubicar fosas clandestinas gracias a testimonios de perpetradores.
Estos tribunales, dijo en entrevista, permiten que criminales comparezcan voluntariamente para confesar delitos y aportar información a cambio de penas alternativas. En Colombia, esto ha permitido dictar medidas cautelares para proteger sitios de interés forense, donde se han exhumado más de mil 700 cuerpos.
La figura de la justicia transicional —creada para contextos extraordinarios como guerras civiles o violencia generalizada— ha permitido en Colombia investigar crímenes de lesa humanidad y construir verdad. Según Buitrago, la experiencia colombiana puede servir como referente para México, aunque tendría que ser adaptada a su realidad.
“Si se deja actuar, funciona”, afirmó la exministra, quien destacó que las medidas cautelares en Colombia se han emitido en más de 80 lugares, y que hasta mayo de 2025 la JEP contabilizaba más de 110 mil víctimas directas de desaparición forzada.
En México, la crisis ha sido reconocida por organismos internacionales. El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada pidió al Estado entregar información detallada antes del 18 de septiembre para evaluar si el fenómeno debe escalar a la Asamblea General.
Rechazo federal sobre desapariciones forzadas
El gobierno mexicano rechazó que haya desapariciones forzadas de carácter sistemático o generalizado. Sin embargo, tan solo en los primeros nueve meses del actual gobierno, encabezado por Claudia Sheinbaum, se han reportado 10 mil 322 desapariciones, un promedio de una cada 37 minutos.
Organismos como la Comisión Nacional de Búsqueda estiman que hay 128 mil 622 personas desaparecidas o no localizadas en México. De estos casos, el 84% ocurrió entre 2007 y 2024, durante los últimos tres sexenios.
Mientras tanto, el Senado mexicano discute una reforma legal impulsada por la presidenta para enfrentar la crisis. Sin embargo, colectivos de madres buscadoras han rechazado la iniciativa por considerar que impone una vigilancia masiva ineficaz y peligrosa para la seguridad de la población.
Para Buitrago, la clave no está en el control, sino en construir instituciones eficientes, con enfoque en las víctimas y con facultades para coordinar acciones judiciales, forenses y sociales. “La coordinación es fundamental”, subrayó, al explicar cómo funciona el Sistema Nacional de Búsqueda en su país.
En Colombia, la articulación entre Estado y sociedad civil ha sido decisiva. A partir de las confesiones, la JEP ha logrado identificar a 152 víctimas y entregar los restos de 97 personas a sus familias, como parte de una justicia restaurativa centrada en verdad, reparación y no repetición.
Buitrago concluyó que México, como Colombia, enfrenta altos niveles de violencia, crimen organizado y complicidades institucionales. Para superarlo, podría recurrir a tribunales temporales que juzguen con enfoque restaurativo, sin impunidad, pero también sin depender únicamente del castigo carcelario.