CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Campesinos, principalmente cañeros, y transportistas realizaron una jornada de protestas y bloqueos en diferentes puntos del país para exigir al gobierno federal medidas urgentes ante la inseguridad en el campo y carreteras, la crisis económica del sector y su abandono por las autoridades.
Las manifestaciones, que se extendieron por Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, San Luis Potosí, Morelos, Nayarit, Sinaloa, Chiapas y Puebla, unieron a productores agrícolas y operadores del transporte de carga bajo la amenaza de convocar a un paro nacional y toma de carreteras el próximo lunes 24 en caso de no conseguir “justicia económica y seguridad para quienes sostienen las cadenas de abasto”.
Por la mañana, en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, contingentes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (Fnrcm), de la Asociación Nacional Transportista (ANT) y de la Unidad Cañera Democrática (UCD) iniciaron las movilizaciones frente a Palacio Nacional y con bloqueos en carreteras.
En la capital del país, grupos de campesinos, con machetes y tallos de maíz, extendieron sobre la plancha del Zócalo una manta con el reclamo de “que se paren las importaciones de maíz y se atienda al campo mexicano”. Exigieron al gobierno federal mayor seguridad en carreteras y el fin de la corrupción dentro de las corporaciones policiacas, a las que acusan de extorsionar a los conductores con infracciones arbitrarias y detenciones injustificadas.
“Antes se robaban cinco o siete tráileres diarios, hoy nos están robando entre 55 y 60 vehículos al día. Los datos que presenta el oficialismo sobre combate a la inseguridad son falsos”, denunció David Estévez, presidente de la ANT.
En el sur de la ciudad, cañeros marcharon hacia las sedes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y de la Secretaría de Economía. Con cañas sobre los hombros, los productores exigieron frenar por completo las importaciones de maíz y azúcar, y duplicar los aranceles al producto extranjero al argumentar que la libre entrada de endulzantes industriales desplomó los precios nacionales, dejó en quiebra a varios ingenios y puso en riesgo el ingreso de más de 180 mil familias rurales.