CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara de Diputados aprobó la noche del martes la minuta devuelta por el Senado para la creación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
Con 409 votos a favor, 33 en contra y una abstención, el Pleno aprobó la minuta que expide la citada ley, que contempla hasta 42 años de prisión en casos de extorsión.
Ahora la ley pasará a los congresos locales para su aprobación, tras lo cual la presidenta Claudia Sheinbaum publicaría el decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Nueva ley contra la extorsión en México: ¿en qué consiste?
La nueva ley contra la extorsión sanciona a quien, sin derecho, obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro para sí o para otro o causando a alguien un daño o perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico.
Las penas por este delito serán de 15 a 25 años de prisión y una multa de 300 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
La propuesta original contemplaba penas de seis a 15 años de cárcel, que fueron modificadas e incrementadas durante su revisión por el Senado.
Otros cambios hechos en el Senado incluyen modificar el texto para incluir la obligación de las autoridades a actuar “con pleno respeto a los derechos humanos”.
Asimismo, se establece que fiscalías federales y locales deben contar con unidades especializadas, personal ministerial y policial capacitado, evaluado y certificado en delitos de extorsión.
Cabe aclarar que las unidades encargadas de investigar secuestro asumirán estas funciones en tanto entran en operación las nuevas unidades especializadas en casos de extorsión.
La legislación también contempla incrementos en las sentencias en situaciones agravantes, por ejemplo, cuando la extorsión sea facilitada por servidores públicos o autoridades penitenciarias.
En casos cuando una autoridad permita o facilite la extorsión se añaden de tres a cinco años adicionales a las penas contempladas de mínimo 15 años y 25 máxico.
Cuando los funcionarios encargados de la prevención, investigación y persecución de delitos, así como de la impartición de justicia o vigilancia en centros penitenciarios omitan denunciar actos de extorsión ante el Ministerio Público serían de 10 a 20 años más de prisión.
La sanción será de seis a 12 años de cárcel para quienes introduzcan sin autorización a centros penitenciarios o de internamiento para menores de edad cualquier dispositivo electrónico capaz de transmitir datos, voz o imágenes por cualquier tecnología.
Sobre la aplicación de los recursos económicos generados por procedimientos de decomiso o extinción de dominio derivados de casos de extorsión, se puntualiza que preferentemente se destinarán a la restitución de los derechos de las víctimas.
Alertan por riesgos ante nueva ley contra la extorsión
Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, la organización ARTICLE 19 advirtió de los riesgos para periodistas, medios y opositores debido a la vaguedad del texto en ciertos puntos.
El artículo 15 de la Ley de Extorsión define el delito como “obligar a otro a tolerar algo” que cause daño moral, psicológico o patrimonial, pero no exige pruebas de coacción y violencia.
Advierten que cualquier integrante del Gobierno podría afirmar que una nota periodística le causo “daño moral” y acusar de extorsión al periodista.
El artículo 17 establece que hay extorsión cuando se use cualquier medio o plataforma para transmitir información de cualquier tipo.
Debido a la vaguedad, este apartado podría referirse a toda actividad periodística desde entrevistas hasta publicaciones en redes sociales.