CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Durante 2024, mil 84 adolescentes fueron privados de la libertad en el país por delitos en los que suele estar involucrada la delincuencia organizada, lo que permite considerarlos como probables víctimas de reclutamiento forzado por agrupaciones delictivas, señala el Balance anual 2025, elaborado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
Presentado ayer martes, el documento indica que el mayor número de casos se registró en Estado de México, Sonora y Chihuahua, entidades asociadas a la presencia de grupos criminales y disputas por el control del territorio.
Destaca que la cantidad de privaciones de la libertad de personas adolescentes por estos delitos aumentó 20.6% entre 2023 y 2024, al pasar de 899 a mil 84 casos.
“Desde Redim observamos este aumento con preocupación, pues el reclutamiento forzado de niños y adolescentes se enfrenta a la invisibilización, empezando porque aún ni siquiera es considerado como un delito autónomo por las leyes mexicanas”, precisa.
Agrega que delitos como la extorsión, la trata de personas, el reclutamiento o la violencia familiar presentan altos niveles de subregistro, particularmente cuando las víctimas son niños y adolescentes, debido al miedo, la normalización de la violencia, la desconfianza en las autoridades y la falta de mecanismos de denuncia accesibles y especializados.
“Estas limitaciones refuerzan la necesidad de fortalecer los sistemas de denuncia y de información, pero también subrayan la importancia del trabajo de documentación que realizan las organizaciones de la sociedad civil.
En este sentido, Redim asume que la ausencia o insuficiencia de datos oficiales no puede ser excusa para la inacción y que visibilizar estas carencias es parte fundamental de la atención a esta población”.
Por el interés superior de la niñez
El documento expone que contextos de violencia, desaparición y reclutamiento, el interés superior de la niñez exige respuestas oportunas, coordinadas y eficaces de las autoridades, así como la adopción de políticas públicas orientadas a evitar daños irreparables, pues argumenta que la falta de acciones preventivas o la respuesta tardía frente a situaciones de riesgo constituye una vulneración contra los derechos de la infancia y las adolescencias.
Sostiene que al no estar tipificado el reclutamiento forzado no se puede saber la magnitud de esta violación a los derechos humanos.
Destaca el reclutamiento forzado contra menores de edad, en donde los grupos armados los captan para realizar actividades de movimiento de armas y transporte de drogas.
De acuerdo con el informe “Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en México”, realizado entre Redim y el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), existen entre 145 mil y 250 mil niños y adolescentes en riesgo de ser cooptados por la delincuencia organizada.
“Al ser sujetos defendidos por la ley son ideales como carne de cañón para acciones de los grupos armados. Los niños y adolescentes en México se encuentran en alto grado de vulnerabilidad y son usados para vigilar, para matar, trasladar, vender, para temas sexuales”.
“Hay una gama de expresiones con las que las violencias y la vulneración a la persona y a su dignidad se presentan”, añade.
El documento indica que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026 destinó 1.1 billones de pesos a niños y adolescente. Dicho monto corresponde solo al 10.8% del total del PEF, señala el documento.