CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado de la República aprobó sin cambios la propuesta enviada por Claudia Sheinbaum para crear la llamada “Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar”.
Dicha ley permite la participación del sector privado y social en proyectos considerados como infraestructura estratégica, los cuales abarcan sectores como transporte, salud, medio ambiente y manejo del agua.
La participación de la iniciativa privada sería de forma conjunta con el Gobierno de México, un cambio en el modelo manejado en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pero también modifica el uso de determinados recursos públicos.
Entre ellos, destacan los recursos de las Administradoras de Fondos para el Retiro o Afores; si bien dichos fondos ya son usados por el gobierno federal para obras de infraestructura, el porcentaje que tendrían disponible se incrementa a 30%.
Esto sabemos de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar.
Aprueban nueva ley de infraestructura, “con enfoque social”
El pasado 26 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó la mencionada ley, y el día de ayer, el Senado de la República también avaló la iniciativa de Sheinbaum con 84 votos a favor y 28 en contra.
Ayer martes, el Pleno del Senado aprobó la propuesta en lo general y en lo particular, por lo que fue enviado al Ejecutivo Federal.
La iniciativa también reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Los puntos principales de la iniciativa son:
- Crea un ordenamiento de 141 artículos que busca regular los mecanismos de una llamada “inversión mixta”.
- El modelo permite el desarrollo y ejecución de proyectos de infraestructura pública estratégica, a través de la participación de los sectores público, privado y social.
- Plantea los mecanismos de inversión y la contratación de proyectos estratégicos.
- Forma el Consejo de Planeación Estratégica en Infraestructura, presidido por el Ejecutivo Federal: órgano consultivo responsable de establecer criterios técnicos, emitir lineamientos de coordinación y formular recomendaciones no vinculantes sobre los proyectos de inversión estratégica.
- Cea la figura de los “Vehículos de Propósito Específico” (VPE): sociedades, fideicomisos públicos o privados, o cualquier figura pública, que permita generar una coordinación efectiva entre los sectores público, privado o social.
Una de las modificaciones que causó preocupación en las bancadas de opositores fue facultar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para autorizar a las dependencias y entidades, que convoquen o inicien los procedimientos de contratación, sin contar con la suficiencia presupuestaria.
Es decir, se podrán apoyar proyectos sin que el Estado tenga garantizado un presupuesto.
¿Qué es la infraestructura estratégica?
De acuerdo con la iniciativa, se entiende por infraestructura estratégica:
“El conjunto de obras, instalaciones y sistemas cuya construcción, mantenimiento, modernización u operación resulte esencial para el desarrollo económico, la integración territorial y el funcionamiento eficiente de la economía, así como para garantizar la seguridad energética e hídrica y fortalecer la resiliencia productiva del país”.
Este tipo de obras abarca, entre otros, proyectos de:
- Transporte y logística
- Infraestructura energética
- Abastecimiento, manejo y aprovechamiento del agua
- Infraestructura social destinada a la prestación de servicios públicos, incluyendo: establecimientos de salud, educación y espacios públicos
- Obras que contribuyan a mejorar la conectividad, competitividad nacional y seguridad en el suministro de insumos estratégicos
En dichos rubros se clasifican obras como el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Internacional Felipe Ángeles (AIFA), o incluso la refinería Dos Bocas.
¿Qué pasa con las Afores?
En su exposición de motivos, la iniciativa contempla la creación de las condiciones necesarias para “canalizar el ahorro interno hacia proyectos productivos de infraestructura”, señalando a los recursos en las Afores como “factor transformador”.
El documento destaca que las Afores administran más de seis billones de pesos pertenecientes a 73 millones de trabajadores mexicanos.
Alrededor de 8 -9 por cierto de los fondos se invierten en infraestructura a través de los Certificados de Capital de Desarrollo (CKDs) y Certificados de Proyectos de inversión (CERPIs), sin embargo, el límite regulatorio permite usar hasta el 30% del recurso.
“La brecha entre el límite permitido y la inversión efectiva no obedece a la falta de interés”, indicó la propuesta, “sino a una falta de certidumbre jurídica, exactamente lo que esta ley viene a resolver”.
Con la reforma, existiría un marco legal para el uso de hasta 30% de los recursos de las afores.
“Si la participación escalara del 8-9% actual al 20-25% – nivel todavía conservador frente al tope regulatorio – se canalizarían entre 1.2 y 1.5 billones de pesos adicionales hacia la infraestructura productiva”.
Dicha cifra equivale a más del doble de los 722,000 MDP que el Plan contempla como inversión adicional.
¿Cómo funciona el esquema de participación mixta?
Sobre la participación del sector privado:
Con la reforma se crea un marco legal para permitir que el sector privado participe en obras y proyectos públicos en materia de infraestructura.
Esto implica su participación en el anciamiento, diseño, construcción, operación, mantenimiento o prestación de servicios de los proyectos estratégicos.
Este esquema contempla cuatro modalidades:
- Contratación a largo plazo, donde su participación se realiza a cambio de pagos periódicos o tarifas.
- Inversión mixta, donde Estado y empresariado comparten riesgos, costos, inversiones y beneficios.
- Esquemas regulados en leyes específicas, como los del sector energético.
- Modalidad abierta: cualquier modalidad que determine el reglamento de la ley o los lineamientos de Hacienda.
Sobre el Estado, su participación puede ser mayoritaria, minoritaria o paritaria en cada proyecto.
Sus aportaciones pueden ser en efectivo, en especie, concesiones, permisos, bienes muebles o inmuebles y derechos de uso o explotación.
Los proyectos deben ser aprobados por el Consejo de Planeación Estratégica, aunque las recomendaciones de este no son vinculantes sobre la visión a largo plazo en la inversión estratégica.
Puedes leer la iniciativa completa a continuación: