MÉXICO.— México atraviesa una transformación demográfica que plantea nuevos desafíos en materia de derechos, salud y protección de los adultos mayores. De acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población, más de 17 millones de personas de este sector residen en el país, lo que representa el 12.8% de la población total.
Las proyecciones indican que para 2030 la población mayor superará en proporción a la infantil y adolescente, mientras que para 2070 representará el 34.2% del total de habitantes. Este escenario obliga a replantear las políticas de atención y cuidado dirigidas a este grupo poblacional.
Además del crecimiento demográfico, especialistas y organismos públicos advierten sobre las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan las personas mayores. Datos del Instituto Nacional de Salud Pública señalan que entre el 8.1% y el 18.6% de las personas mayores de 60 años en México sufren algún tipo de maltrato, que puede manifestarse mediante violencia física, psicológica, económica o patrimonial.
A esta situación se suman delitos como robo, extorsión, fraude y despojo. En algunos casos, las mujeres mayores pueden ser víctimas de feminicidio. Los agresores suelen ser familiares o personas cercanas a las víctimas.
El Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia señaló que muchos de los casos no son denunciados. Entre los factores que dificultan la denuncia se encuentran el aislamiento, la dependencia económica, falta de redes de apoyo y limitaciones físicas.
Las consecuencias también alcanzan la salud mental. La depresión y la ansiedad figuran entre las secuelas más frecuentes, mientras que el desconocimiento de las instituciones y la falta de recursos representan barreras adicionales.
La problemática forma parte de una preocupación internacional. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han impulsado estrategias para promover el envejecimiento saludable y combatir el maltrato hacia este sector. La OMS destaca la necesidad de erradicar el edadismo, así como generar información precisa que permita identificar los riesgos.
En el ámbito socioeconómico, datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) muestran que la pobreza entre las personas adultas mayores disminuyó de 43.2% a 31.1% entre 2018 y 2022. Sin embargo, durante ese mismo periodo la carencia por acceso a servicios de salud aumentó de 9.7% a 29.4%, dejando a casi cuatro millones de personas sin protección médica. Por ello, especialistas consideran que es de carácter público responder envejecimiento acelerado de la población.