VERACRUZ.- La reforma de revocación de mandato en Veracruz llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que Movimiento Ciudadano (MC) presentara una acción de inconstitucionalidad para solicitar que se revisen los cambios a la Constitución estatal.
El partido sostiene que las nuevas disposiciones establecen requisitos que podrían dificultar la participación de la ciudadanía en este mecanismo democrático.
Las dirigencias nacional y estatal de dicho instituto político presentaron el recurso que busca invalidar las modificaciones al inciso B de la fracción VI del artículo 15 de la Constitución local, al considerar que establecen restricciones que limitan el ejercicio de los derechos democráticos de la ciudadanía veracruzana.
Siete conceptos de invalidez
Cabe señalar que el coordinador estatal de MC, Luis Carbonell de la Hoz, explicó que en el ámbito jurídico, la demanda presentada ante la SCJN desarrolla siete conceptos de invalidez con los que el partido busca demostrar la inconstitucionalidad del decreto.
Entre las principales violaciones señaladas se encuentra la falta de consulta previa a las comunidades indígenas y afromexicanas. Lo anterior al considerar que la reforma afecta sus condiciones de participación.
Asimismo, una posible transgresión al principio de progresividad de los derechos, debido a que el plazo para recabar firmas de apoyo se redujo de dos a un mes.
Por su parte, los requisitos de distribución territorial de los apoyos ciudadanos, según sus estimaciones.
600 mil firmas en 107 municipios
Dichos requisitos obligarían a reunir aproximadamente 600 mil firmas —equivalentes al 10 por ciento de la lista nominal estatal—, distribuidas en al menos 107 municipios.
Por su parte, el líder partidista recordó que la reforma exigiría alcanzar en cada uno de ellos el respaldo del 3 por ciento de la lista nominal municipal, condición que el partido considera carente de sustento constitucional.
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Además, otro de los argumentos cuestiona una posible violación a la prohibición constitucional de modificar normas electorales fundamentales dentro de los 90 días previos al inicio del proceso electoral.
La impugnación también señala la incorporación de un nuevo plazo de 180 días para expedir la legislación secundaria, a pesar de que el plazo original había vencido en mayo de 2022.
Demanda ante la Suprema Corte
Derivado de lo anterior y los antecedentes jurisprudenciales invocados en su demanda, Movimiento Ciudadano solicitó a la Suprema Corte que analice la constitucionalidad de la reforma y, de acreditarse las violaciones planteadas, declare su invalidez.
Igualmente, Carbonell de la Hoz afirmó que Movimiento Ciudadano dará la batalla legal para impedir que, mediante decisiones legislativas, se limite el derecho de la población a evaluar la gestión de sus gobernantes y decidir sobre su permanencia en el cargo.
Dijo que “esta acción de inconstitucionalidad busca que nunca olviden los gobernantes presentes y futuros que la democracia se construye con el pueblo”.