CIUDAD DE MÉXICO. (Notimex).- El crecimiento de la economía mexicana es sólido, resistente y con dinamismo, lo que permite ser “moderadamente optimista” sobre su desempeño y mantener el pronóstico de avance de 2018 en un rango de 2.0 a 3.0 por ciento, destacó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El director general de Finanzas Públicas de la SHCP, Alejandro Silva Suárez, dijo que si bien hay un entorno de incertidumbre, en el cual un factor importante es la negociación en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), también hay otros elementos a considerar.
Entre ellos están, los mejores resultados en el crecimiento global en 2017: Estados Unidos, Japón o la zona euro, que presentaron incrementos mayores a los previstos por analistas, señaló el funcionario en rueda de prensa al presentar los “Informes sobre la actividad económica, las finanzas públicas y la deuda pública” al cuarto trimestre de 2017.
Expuso que si bien hay factores de incertidumbre, también hay otros que dan sustento al rango de crecimiento de 2.0 a 3.0 por ciento que la SHCP mantiene para 2018, como son los resultados ya observados en 2017.
“Nos permiten ser moderadamente optimistas en el sentido de que el crecimiento de la economía mexicana es sólido, resistente y muestra este dinamismo”, argumentó acompañado del titular de la Unidad de Política de Ingresos Tributarios, Juan Rebolledo, y del titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario, Isaac Gamboa.
Silva Suárez resaltó que organismo como el Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó al alza las estimaciones de crecimiento para la economía mexicana, de 1.9 a 2.3 por ciento.
Refirió que con cifras oportunas del Producto Interno Bruto (PIB), en 2017 la economía mexicana creció 2.3 por ciento anual con cifras desestacionalizadas y de 2.1 por ciento con datos originales, cifra dentro del rango de crecimiento de 2.0 a 2.6 por ciento pronosticado por la SHCP.
En materia de finanzas públicas, apuntó, al cierre del año pasado los ingresos del sector público aumentaron 1.8 por ciento anual, y el gasto neto presupuestario disminuyó 3.3 por ciento real, sin considerar los 321.7 mil millones de pesos del Remante de Operación del Banco de México (ROBM) y aportaciones patrimoniales del gobierno federal a Pemex y la CFE de 2016.
En materia de balance fiscal y deuda pública, apuntó que en 2017 los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), medida más amplia del balance del Sector Público Federal, registraron un déficit de 233 mil 693 millones de pesos.
Dicho monto es equivalente a 1.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), menor al monto observado en 2016 de 2.8 por ciento del PIB y a la meta de 2.9 por ciento del PIB presentada en los Criterios Generales de Política Económica de 2017.
Además, se alcanzó el primer superávit primario anual en nueve años, equivalente a 1.4 por ciento del PIB; mientras que el Saldo Histórico de los RFSP en 2017 fue de 46.2 por ciento del PIB, menor al nivel de 48.7 por ciento del PIB al cierre de 2016.
Así por primera vez desde hace 10 años disminuyó el nivel amplio de deuda del sector público como porcentaje del PIB, subrayó el director general de Finanzas Públicas de la Secretaría de Hacienda.
A su vez, el titular de la Unidad de Política de Ingresos Tributarios, Juan Rebolledo, dijo que el principal determinante de la inversión en un país no es el marco tributario, en relación al posible impacto de la reforma fiscal de Estados Unidos en la economía mexicana.
Expuso que los determinantes son la competitividad, la productividad, el acceso a mercados internacionales, aspectos en los cuales México es competitivo, lo que está aumentando con las reformas estructurales aprobadas en este sexenio.
“Diversos estudios del sector privado han indicado que México sigue siendo más atractivo para la inversión, aun con las modificaciones al marco tributario de Estados Unidos”, sostuvo Rebolledo Márquez Padilla.
También destacó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenta con las herramientas jurídicas para detectar y en su caso actuar ante cualquier intento de simulación por parte de los contribuyentes para erosionar la base gravable.