MÉRIDA, Yucatán.— El estado de excepción es una medida extraordinaria que toma un Gobierno durante periodos de disturbio o de zozobra; es un régimen de excepción que puede declarar el Gobierno de un país en situaciones especiales.
Desde el domingo pasado, El Salvador se encuentra en estado de excepción, impuesto debido a una escalada de homicidios que se han registrado en los últimos días, mientras continúan los operativos y la alta presencia policial y militar en diferentes zonas del país centroamericano.
Más de 1,400 presuntos pandilleros detenidos
La noche del lunes, las autoridades de seguridad de El Salvador reportaron la captura de más de 1,400 presuntos pandilleros, en momentos en que el país se encuentra bajo régimen de excepción por el aumento de homicidios.
Por su parte, Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad, informó que “se han realizado más de 1,400 detenciones en alrededor de 50 operativos que se han llevado al cabo en todo el país”. Las pandillas poseen unos 70,000 elementos en El Salvador, de los que 16,000 se encuentran encarcelados.
Estado de excepción
El sábado pasado, el presidente Nayib Bukele solicitó a la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobar el estado de excepción por 30 días, conforme al artículo 29 de la Constitución de la República, con el fin de que las autoridades persigan y capturen a los grupos terroristas que ponen en peligro la estabilidad del país.
La medida fue aprobada y publicada de inmediato en el Diario Oficial, decretando el régimen de excepción, el cual entró en vigor de manera inmediata y tendrá vigencia de 30 días.
A través de su cuenta de la red social Twitter, la Casa Presidencial informó que, por orden del presidente Bukele, todos los centros penales de seguridad y máxima seguridad del país se encontraban en emergencia máxima, por lo tanto, se ejecutarían requisas y las celdas permanecerían cerradas las 24 horas, los siete días de la semana, como consecuencia del estado de excepción.
Ola de crímenes en El Salvador
Desde el viernes pasado, en el país centroamericano se registra un aumento en el número de homicidios, que de acuerdo con datos de las autoridades, el sábado 26 de marzo se registraron 62 homicidios, la cifra más alta en la historia salvadoreña de ese delito en un solo día.
A petición del presidente Bukele, la Asamblea Legislativa aprobó la madrugada del domingo la aplicación del régimen de excepción, con el fin de controlar la ola de violencia que va en aumento en el país.
De acuerdo con la medida aprobada por el Congreso, fue suspendida la libertad de reunión y asociación, el derecho a la defensa, además se amplió a 15 días el plazo de detención administrativa y se levantó la prohibición de intervenir telecomunicaciones sin control judicial.
Con la aplicación de estas medidas, se logró la detención de más de 1,000 presuntos pandilleros y disminuyó a 11 el número de homicidios el domingo.
Bukele culpa a la OEA y CIDH de patrocinar a maras salvadoreñas
Ayer lunes, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, acusó a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de haber patrocinado en el pasado una “tregua” que “fortaleció” a las pandillas.
“Ustedes en la OEA y la CIDH fueron los que patrocinaron la ‘Tregua’ que solo fortaleció a las pandillas y les permitió acumular recursos, dinero, armamento y les permitió entrenarse en los polígonos de tiro del ejército para matar salvadoreños. Llévense su peste de nuestro país”, escribió Bukele en Twitter.
Esta publicación fue en respuesta a Paulo Abrao, exsecretario ejecutivo de la CIDH, que criticó un tuit de Bukele en el que advierte a la pandillas que si no frenan la ola de asesinatos, que comenzó el viernes, sus colegas presos “van a pagar también”.
“Populismo penal: Ilegalidades para enfrentar ilegalidades. Barbaries para enfrentar barbaries. Resultado Final: + ciclo de violencia para todos”, publicó Abrao, quien dejó la CIDH en septiembre de 2020.
Armisticio de 2012 a las principales pandillas
La OEA acompañó en 2012 un armisticio de las principales pandillas, Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, impulsado por el Gobierno de Mauricio Funes (2009-2014).
El entonces secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, dijo en esa época que realizarían un papel de “verificar el proceso”, entre otras tareas “que configuran el rol de garante (…) que nosotros asumiremos con mucho gusto”.
Durante la vigencia de la tregua entre estas bandas los asesinatos bajaron en el país de un promedio de 14 diarios a 5, pero su ruptura llevó al país a convertirse en el más violento del mundo en 2015 con una tasa de asesinatos de 103 por cada 100,000 habitantes.