WASHINGTON (EFE).— Estados Unidos exigió ayer a Nicaragua la liberación del obispo Rolando José Álvarez Lagos, quien fue condenado a 26 años de prisión tras negarse a ser desterrado por el gobierno de Daniel Ortega a territorio estadounidense.
Un vocero del Departamento de Estado condenó además, en declaraciones a EFE, que se haya retirado la ciudadanía nicaragüense al obispo y a los 222 presos políticos que sí aceptaron ser trasladados a Estados Unidos a cambio de ser liberados.
“El obispo Rolando Álvarez está injustamente encarcelado y seguiremos presionando para su liberación”, expresó la misma fuente.
El gobierno de Joe Biden “condena el despojo de la ciudadanía de monseñor Álvarez y de los hasta ahora presos políticos”, añadió el vocero de la diplomacia estadounidense.
“Dicha medida viola los derechos fundamentales de estas personas”, reprochó.
El jueves pasado, Nicaragua excarceló y expulsó del país a 222 presos políticos, que fueron trasladados a Washington en un avión fletado por el gobierno estadounidense.
Dos presos se negaron a abandonar el país; uno de ellos es el obispo, quien como consecuencia fue sentenciado a 26 años de prisión, despojado de su ciudadanía y trasladado de su arresto domiciliario a la cárcel Modelo.
Los 222 nicaragüenses que llegaron a Estados Unidos, entre los que hay prominentes figuras de la oposición nicaragüense, recibieron un permiso humanitario para permanecer en territorio estadounidense durante dos años, aunque varios analizan la oferta del gobierno de España para recibir la nacionalidad española.
En Managua, cientos de personas, incluso niños, participaron en una marcha oficialista para “celebrar” la expulsión de los 222 presos os presos del gobierno del presidente Daniel Ortega que fueron liberados, despojados de su ciudadanía y trasladados a Estados Unidos.
Derechos humanos
En Santiago, el Comité Permanente del Episcopado chileno repudió ayer la condena a 26 años de cárcel impuesta al obispo nicaragüense Rolando Álvarez y aseguraron que con ello el régimen liderado por Daniel Ortega suma una nueva violación de los derechos humanos.
En un comunicado, los obispos chilenos aseguraron que la represalia contra el obispo de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí, que se negó a embarcar en un vuelo de expulsión a Estados Unidos de 222 opositores, es “un procedimiento a todas luces injusto, arbitrario y desproporcionado”.
Este ataque “se suma a otras múltiples medidas aplicadas en los últimos meses contra fieles y organismos católicos: expulsión del Nuncio apostólico, expulsión de las religiosas Misioneras de la Caridad, destierro y encarcelamiento de sacerdotes, cierre de medios de comunicación”, explicaron.
“Todo esto en medio de diversas restricciones a las libertades civiles y políticas y el acallamiento de las voces disidentes del régimen, que se ha expresado anteayer en el destierro de más de 200 nicaragüenses de su país. Atenta contra los derechos humanos, la dignidad esencial de la persona y la libertad religiosa”, agregaron.
Álvarez, que criticaba al régimen de Ortega desde el púlpito, desempeñó un papel mediador decisivo, a través de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, durante el proceso de diálogo que se abrió tras las masivas protestas de 2018, reprimidas con extrema violencia y en las que murieron cerca de un centenar de personas.