El Centro Carter, que participó como observador en las elecciones presidenciales de Venezuela, afirma que el proceso “no se adecuó” a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral, por lo que “no puede ser considerada como democrática”.
“El Centro Carter no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados de la elección presidencial declarados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela”, manifestó el Centro Carter en un comunicado.
La organización internacional dedicada a la resolución de conflictos, destacó que el órgano electoral, que ha dado por ganador al oficialista Nicolás Maduro a falta de más de dos millones de votos por computar, no anuncia los resultados desglosados por mesa, lo que “constituye una grave violación de los principios electorales”.
Explica el Centro Carter que el proceso electoral “no ha alcanzado los estándares internacionales de integridad en ninguna de sus etapas relevantes y ha infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional”.
De acuerdo con el Centro Carter, las elecciones en Venezuela “no fueron democráticas”, ya que se desarrollaron “en un ambiente de libertades restringidas en detrimento de actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación”.
Además, durante del proceso, las autoridades del CNE “mostraron parcialidad a favor del oficialismo y en contra de las candidaturas de la oposición”.
Elecciones en Venezuela “no fueron democráticas”: Centro Carter, ¿por qué?
Agregó que, la actualización del registro de electores “se realizó con numerosos inconvenientes”, como “plazos muy cortos, relativamente escasos lugares de inscripción y una mínima campaña de información y difusión públicas”.
El problema, agrega, “se agravó en el exterior, donde los ciudadanos enfrentaron barreras legales desmedidas, incluso arbitrarias, para inscribirse en el padrón en el extranjero”.
Además, aseguró, el registro de partidos y candidatos “tampoco se adecuó a estándares internacionales” y, en años recientes, las formaciones opositoras “han sufrido intervenciones judiciales en desmedro de sus liderazgos social y políticamente más reconocidos para beneficiar a personas afines al gobierno, influyendo sobre la conformación de sus candidaturas”.
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La organización también recordó, “de manera aún más importante”, que la inscripción de la candidatura de las principales fuerzas de oposición “se halló sujeta a la discrecionalidad de las autoridades electorales que adoptaron decisiones sin respetar principios jurídicos básicos”.
Campaña electoral en Venezuela “a favor del Gobierno”
El Centro Carter destacó que la campaña electoral se desarrolló “con un notable desequilibrio a favor del Gobierno en todos los campos. La candidatura oficialista contó con muy amplios recursos, lo que se tradujo en la gran desproporción de mítines, murales, vallas y afiches a su favor”.
Asimismo, observó “el abuso de recursos públicos”, incluyendo el uso de vehículos, la movilización de funcionarios para la campaña y el uso de programas sociales.
Señalan persecución e intimidación
La candidatura oficialista, explicó, “tuvo preponderancia” en la televisión y la radio en publicidad, transmisión de eventos e información y las autoridades “intentaron restringir” las campañas opositoras, “incluyendo la persecución e intimidación de personas que prestaron servicios” a políticos antichavistas “para generar un efecto disuasivo”.
Masiva participación a pesar de obstáculos
A pesar de todo, agrega el documento, la ciudadanía venezolana se movilizó masiva y pacíficamente el 28 de julio para expresar sus preferencias y la jornada de votación “transcurrió de una manera cívica, pese a restricciones en el acceso a recintos para observadores nacionales” y a “testigos de partidos”.
La organización que trabaja por la democracia y los derechos humanos, también criticó la “presión sobre el electorado” con “puntos de control partidario gubernamental en la cercanía de los recintos para verificar la asistencia de los votantes”.
Los observadores del Centro Carter “comprobaron la voluntad de la ciudadanía venezolana por participar en un proceso electoral democrático y demostrando su compromiso cívico como integrantes de mesa, testigos de partidos y observadores”.