MIAMI.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación ante una serie de acciones que, de acuerdo con su análisis, podrían constituir represalias indirectas contra Gráficos Nacionales S.A. (Granasa), empresa editora de los diarios Expreso y Extra en Ecuador.
Este pronunciamiento se sustenta en información pública difundida por la propia compañía, así como en comunicaciones formales presentadas por su defensa legal.
En ese contexto, la SIP advirtió que diversas medidas de carácter tributario, financiero y societario, algunas impulsadas por organismos dependientes del Estado ecuatoriano, podrían utilizarse como mecanismos de presión para condicionar la propiedad y la gestión del grupo editorial.
Por lo tanto, estas acciones tendrían un impacto directo en la libertad empresarial y, de manera indirecta, en la línea editorial del medio.
Puntos que generan mayor inquietud en la SIP
Uno de los aspectos que más inquietud genera a la SIP se relaciona con los intentos de revertir la titularidad accionaria de Granasa por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS).
Según lo expuesto por la empresa, dicha titularidad se realizó e inscribió conforme a la legislación vigente desde hace varios años.
En este sentido, la SIP alertó que este tipo de medidas podría generar inseguridad jurídica y, además, abrir la puerta a una injerencia indebida en la estructura societaria de un medio de comunicación.
Desde su perspectiva, este escenario resulta incompatible con los estándares interamericanos de libertad de expresión.
Señalamientos de Granasa
Por su parte, Granasa afirmó en un comunicado público que el gobierno del presidente Daniel Noboa estaría empleando, “todos sus esfuerzos y caminos opacos” para presionar a la empresa y limitar sus críticas.
Asimismo, la compañía indicó que en septiembre de 2025 tuvo conocimiento de actuaciones tributarias iniciadas por el Servicio de Rentas Internas (SRI), relacionadas con presuntas diferencias en declaraciones fiscales de terceros vinculados a su cadena de distribución.
En consecuencia, la empresa aseguró que solicitó de manera oportuna el acceso a la documentación correspondiente.
Sin embargo, hasta el momento, no ha recibido la totalidad de la información necesaria para conocer el alcance real de dichas actuaciones.
Advertencias sobre censura indirecta
En relación con este caso, el presidente de la SIP, Pierre Manigault, sostuvo que el uso de instituciones públicas para presionar a medios críticos constituye una forma de censura indirecta.
Además, advirtió que cuando se recurre a mecanismos administrativos, tributarios o societarios para condicionar a una empresa periodística, se afecta la libertad de prensa, la cual la organización considera un pilar esencial del periodismo independiente.
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De manera similar, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, señaló que este tipo de acciones genera un efecto intimidatorio que trasciende a una sola empresa y, al mismo tiempo, envía un mensaje preocupante al conjunto del ecosistema mediático del país.
Antecedentes sobre la libertad de prensa en Ecuador
Finalmente, la SIP recordó que en su informe más reciente sobre la libertad de prensa en Ecuador advirtió que el ecosistema mediático nacional se ha visto marcado por graves vulneraciones a este derecho.
En dicho documento se señala que funcionarios del gobierno de Daniel Noboa habrían utilizado redes sociales y canales oficiales para cuestionar públicamente a periodistas y medios de comunicación.
Como ejemplo, el informe menciona declaraciones del secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, quien vinculó a los diarios Expreso y Extra con supuestos esquemas de evasión tributaria, antes de que existiera una investigación formal.
Esta situación fue señalada por la SIP como un posible intento de intimidación política.