WASHINGTON (EFE).— La Organización de los Estados Americanos (OEA) exigió ayer a Nicaragua celebrar elecciones libres y liberar incondicionalmente a los presos políticos, mediante una resolución aprobada por unanimidad en una reunión extraordinaria de cancilleres en Washington.
El documento reclama restablecer la separación de poderes, informar sobre el paradero de los desaparecidos y devolver la nacionalidad a quienes fueron despojados de ella. Sin embargo, no establece sanciones concretas contra el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La resolución dispone crear un grupo ministerial de seguimiento que deberá entablar un diálogo con las autoridades nicaragüenses y la oposición, además de presentar recomendaciones en un plazo de 90 días. Estados Unidos, Argentina, Colombia, Paraguay, Perú y República Dominicana impulsaron el texto.
La reunión se convocó después de que Ortega anunciara, el 19 de julio, que no habría más elecciones. Posteriormente, su gobierno promovió una reforma constitucional para impedir la participación electoral de personas consideradas “traidores a la patria”, en referencia a los opositores.
Solo siete de los 34 Estados miembros enviaron a sus cancilleres; los demás estuvieron representados por delegados de menor rango. Nicaragua no participó, pues abandonó el organismo en 2023 por orden de Ortega. Brasil rechazó cualquier referencia que presentara al país como una posible amenaza para la paz y la seguridad regionales.
Durante el encuentro, Estados Unidos denunció el veto nicaragüense a su nueva embajadora, Natasha Franceschi. República Dominicana anunció el cierre de su representación diplomática mientras persista el deterioro democrático. El secretario general, Albert Ramdin, pidió considerar sanciones que no afecten a la población y restricciones contra determinadas autoridades.