CHICHIMILÁ.— El gobierno municipal solo fungió como enlace con la fundación Factum A.C. y personas que solicitaban ayuda para construir vivienda, afirmó el alcalde Francisco Medina Martín.
Esa fue la expresión de Medina Martín al deslindar a su administración del presunto fraude que el organismo habría cometido contra numerosos habitantes que esperaban obtener casas a partir de un pago de $15,000.
El primer edil salió al paso del presunto fraude luego de lo expresado por afectados en la reunión del pasado fin de semana, cuando estuvieron a punto de linchar a representantes de Factum.
En esa agitada reunión, los afectados señalaron al jurídico del Ayuntamiento de estar involucrado en el programa fraudulento.
A esa afirmación, Medina Martín indicó que es la esposa del jurídico la que formaba parte del programa, y el error del empleado municipal fue encargarse hacer los cobros a los interesados en las viviendas, como un favor a su mujer.
En Chichimilá 85 personas fueron estafadas con un supuesto apoyo de viviendas que según lo ofrecido debería estar listo el próximo 30 de marzo.
El alcalde dijo que es primera vez que ocurre una situación como esa y es hasta dudosa pues recuerda que en su primera administración en 2015–2018 manejaron un plan similar, pero era de manera tripartita, es decir aportaba el beneficiario, el gobierno municipal y el Ivey, pero era otro tipo de casa.
“Solo fuimos mediadores”
CHICHIMILÁ.— Autoridades Municipales dan su postura respecto al presunto fraude de viviendas que operó la fundación Factum A.C. a través del programa “Vivienda Sustentable y equipamiento” a cambio de sumas en efectivo.
El supuesto apoyo de viviendas debería estar listo el próximo 30 de marzo. Desde el pasado mes de junio los chichimileños entregaron la documentación y los 15 mil pesos que les solicitó la fundación para iniciar con los trámites para la realización de sus viviendas de dos niveles.
Aunque la obra se debía de haber iniciado el 1 de diciembre como marcaba el calendario de ejecución, eso no ocurrió, lo que comenzó a generar la desconfianza de los beneficiarios.
En la reunión que derivó en un enfrentamiento el pasado viernes, los afectados señalaron al jurídico del ayuntamiento de estar involucrado en el programa.
Corresponde a la pasada administración, justifica
Sin embargo, el alcalde Francisco Medina Martín señala que el ayuntamiento es ajeno a esa fundación y que incluso son asuntos personales del empleado de la comuna.
El primer edil detalló que las aportaciones económicas que dio la gente desde el mes de junio cuando aún no había tomado posesión la nueva administración.
Sin embargo, detalla que la que estaba metida en el programa es la esposa del jurídico, pero lamentablemente acusan al funcionario porque era quien cobraba el dinero.
Según el alcalde, desde el primer momento que hizo el llamado a la Policía Municipal acudieron para retener a las personas acusadas y evitar algún tipo de linchamiento pues estaba de por medio la integridad de los involucrados.
Explica que se formó una comisión de las dos partes e incluso hubo representantes de los municipios de Chemax, Temozón y de Valladolid que llegaron.
“Cada quien dio su versión y explicaron que desde un principio se hizo un convenio y se dio un anticipo de 15 mil pesos, así como que se acordó un programa de ejecución que no se cumplió. Como ayuntamiento les dijimos que seríamos solo testigos porque no nos consta si existe la fundación y tampoco si realmente les entregaron el dinero por la otra parte”.
Según el primer edil, se acordó que en un plazo de 30 días se les devolvería el dinero y como garantía se firmaron pagares.
“Nosotros no tenemos nada que ver con ese programa participamos como mediadores, yo les dije que nosotros no somos investigadores incluso les recomiendo que denuncien en la Fiscalía y ellos determinen qué procede porque a las personas las podía yo retener 36 horas”.
Según el alcalde, es primera vez que ocurre una situación como esa y es hasta dudosa pues recuerda que en su primera administración en 2015–2018 manejaron un programa similar, pero era de manera tripartita, es decir aportaba el beneficiario, el gobierno municipal y el Ivey, sin embargo eran casas modestas no de dos niveles.
Además dice que se dieron recibos oficiales, sellados y formados por el gobierno.
Según dijo, entre los afectados hay desde maestros, amas de casa y hasta campesinos que en ese momento tenían sus 15 mil pesos para dar.