Dos conocidos empresarios yucatecos, Fernando Barbachano Herrero y Rodolfo Rosas Moya, se han enfrascado en un agudo conflicto legal por la posesión del emblemático hotel Mayaland, en la zona arqueológica de Chichén Itzá.

Esta disputa, que derivó ayer en el aseguramiento y embargo del inmueble, a favor de Rosas Moya, ocasionó también un agrio intercambio de opiniones entre los dos empresarios.

Acusa intimidación de un colega empresario

Barbachano Herrero acusó a Rosas de llevar al hotel a un grupo de choque con 50 personas, traídas de Quintana Roo, quienes se apoderaron a la fuerza de las instalaciones y agredieron a los empleados.

Rosas Moya, por su parte, rechazó la acusación y dijo que lo del grupo de choque es una mentira de Barbachano. “Esta es su táctica: exagerar todo con tal de no devolver el dinero que me robó”. Explicó que el problema se deriva de la cancelación ilegal de la promesa de compra que firmó en 2020 con Barbachano Herrero, usufructuario del hotel, pero éste alega que el contrato se canceló por el reiterado incumplimiento de Rosas de pagar el adelanto y otras erogaciones convenidas, de acuerdo con un calendario establecido.

Luego de esa cancelación, la empresa de Rosas Moya, Inmobiliaria R4 S.A. de C.V. interpuso una demanda en juicio ejecutivo mercantil en el segundo juzgado mercantil del estado en contra de Barbachano Herrero, en su carácter de usufructuario del predio y de apoderado de sus hijos John Patrick y Carolina María Barbachano Perschbacher, nudos propietarios.

Juzgado y demanda por un hotel en Chichén

El juzgado aceptó la demanda, pero solo en cuanto al pago de $10.000,000 y de seis millones de dólares, más intereses y las costas y gastos del litigio. Este órgano, a cargo del juez Raúl Cano Calderón, ordenó a Barbachano regresar su dinero a Rosas Moya y para garantizar el pago se procedió al aseguramiento y embargo del hotel.

El juez de Yucatán pidió ayuda a un juzgado mercantil de Cancún, donde tienen su domicilio los demandados, “para que se sirva notificar, requerir, embargar, emplazar y correr traslado” a los Barbachano. Actuarios de los juzgados con el auxilio de la fuerza pública, realizaron el embargo y aseguramiento del hotel en la madrugada de ayer.

Tensión por grupo armado

Barbachano Herrero dijo al Diario que a la una de la mañana un grupo armado de choque integrado por 50 personas se introdujo al hotel a la fuerza, comandados por los abogados Carlos Canaval y Gabriel Perez, defensores de R4, y a golpes “secuestraron el hotel y a algunas personas de forma ilegal, como ha ocurrido en casos parecidos en Tulum y en el resto de Quintana Roo”. El saldo: dos agentes de seguridad privada del hotel desaparecidos y la destrucción de cámaras y teléfonos.

Más adelante, el empresario informó que uno de los guardias ya había aparecido muy golpeado y se encontraba internado en un hospital. “Se ve que lo tundieron entre varios y lo tiraron en el monte”, dijo.

Agregó que llamó a los agentes de la Policía y la Guardia Nacional, pero éstos llegaron al lugar y poco después se retiraron, porque no vieron problemas, aunque ellos no hablaron con el encargado del hotel, “sino con los vándalos que invadieron el inmueble”, afirmó.

Barbachano añadió que “no existe orden de desalojo por parte de ningún juez” y explicó que el “aseguramiento no es desalojo y no se entrega la posesión a la parte denunciante“. Básicamente es una medida para impedir la venta del hotel, mientras se termina todo el juicio.

La versión de Rosas Moya

Al conocer esta declaración, Rosas Moya explicó que el grupo que participó en la diligencia de ayer en el hotel lo conformaban 17 personas, entre abogados, funcionarios judiciales y personal de apoyo, no 50 vándalos dedicados a a secuestrar y golpear, como dice Barbachano, pero esto es lo que él está tratando de decir de mí, “exageraciones para no devolver el dinero que me robó”.

Agregó que, en efecto, Barbachano Herrero habló a la Guardia Nacional y cuando ésta llegó, los funcionarios del juzgado les enseñaron el acta oficial de aseguramiento y embargo, por lo que se retiraron.

Sobre estos hechos, la Fiscalía General del Estado informó en un boletín que en cumplimiento de una solicitud de colaboración por parte de la Fiscalía de Quintana Roo, agentes yucatecos realizaron una diligencia en ese hotel, “donde la autoridad ministerial de Quintana Roo requería el aseguramiento del inmueble”.

La diligencia consistió únicamente en la colocación de sellos en las inmediaciones del inmueble, sin impedir la entrada o salida de inquilinos o trabajadores.

Añadió que en el transcurso de la noche, vía 911, se recibieron reportes de anomalías en el inmueble, “por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública acudieron a verificar dichos reportes, encontrándose que el lugar en ese momento estaba en calma, según corroboró incluso quien se ostentó como el encargado de la seguridad de ese recinto”.

Lo que pasó ayer en Mayaland fue totalmente legal, afirmó Rosas Moya y mostró al Diario copia del acta levantada en la diligencia que señala que la actuaria del juzgado, en funciones de Ministro Ejecutor, “declaro trabado formal y seguro embargo sobre el ciento por ciento de los bienes inmuebles”. Ese documento también confirma la designación del depositario interventor en la persona de Alejandro Alvarado Muroa.