PROGRESO.— Los vecinos seguimos la lucha jurídica y social para que encima de la calle 82 no se construya un viaducto (para los vehículos que van del puerto de altura a la carretera Progreso-Mérida), hay cuatro amparos promovidos por 63 vecinos, informó Alfredo Enríquez Ordóñez, quien fue alcalde de Progreso de 1974 a 1975 y tiene casa familiar en la 82.
Como encargado del proceso jurídico contra el llamado Libramiento de Progreso, el exedil afirmó que los vecinos no se dan por vencidos contra el gobierno.
Hay 63 demandas de amparos; pudieron ser más, pero debido a que varios vecinos no pudieron reunir la documentación, no las presentamos, indicó.
Aseguró que no han recibido apoyos de las autoridades, todas están alineados a favor de la obra y contra los argumentos de los vecinos, así que lo único que queda es la lucha jurídica, son cuatro amparos promovidos por 63 vecinos y están en dos juzgados.
“Sabemos que la lucha jurídica es larga y también estamos conscientes que el gobierno y sus aliados ya están dando los pasos muy claros para ejecutar la obra y (desde el jueves 18 de mayo) ya están repartiendo el dinero que ofrecieron para evitar oposición de los vecinos que van a ser afectados”, dijo.
Confían en detener las obras
Hasta ahora, añadió, no hemos hallado señales claras que indiquen parcialidad de los jueces como para decir que necesitamos claudicar, en vista de que sin autoridades y sin el amparo (federal) ya no tendríamos nada qué hacer, así que estamos enriqueciendo los argumentos y logrando que se amplíen las audiencias para que los jueces conozcan las argumentaciones de tipo científicas para que sean conscientes de que es solo una voluntad opositora que se opone con argumentos técnicos y científicos.
Narró que a uno de los constructores le dijo que todo el proceso mal llevado, que se inició hace dos años con los trabajos topográficos en las calles, si hubieran hecho lo que la Constitución dice, haber hablado con la ciudadanía, esos dos años hubieran sido diferentes y ahora las cosas estarían en otro lugar.
“Pero hubo omisión de las autoridades, negación del alcalde (Julián Zacarías Curi), quien pudo haber tomado el tema, escuchar a los ciudadanos y tomar en cuenta las alternativas que los ciudadanos presentaron, en vez de ignorarlos”, expresó.
Indicó que lo ignoraron porque hay una inversión de 1,500 millones de pesos, cinco anónimos y cero transparencia, hasta ahora no se conoce a detalle lo que se va a hacer; solo dicen que la obra será para beneficio, lo único que queda es la defensa jurídica.