VALLADOLID.— Manuel Uicab Puc, de 63 años, inició ayer una huelga de hambre en las puertas del DIF Municipal para exigir justicia porque, según explicó, a su esposa, María Albina Uicab Tamay, quien era intendente en esa dependencia municipal, la cambiaron a otro centro de labores donde tiene más carga de trabajo, solo por pedir un aumento salarial.
Uicab Puc explicó que su esposa tenía más de 10 años de antigüedad en el DIF Municipal, donde trabajaba como intendente de 8 de la mañana a 3 de la tarde, y recibía un sueldo quincenal de 2,400 pesos.
Sin embargo, la mujer supo que otras personas que entraron a trabajar en esta administración reciben un pago quincenal de $3,500, lo cual consideró injusto.
Represalía por pedir un aumento
Ante tal situación, le pidió un aumento salarial a la directora de nombre “Wendy”, pero en respuesta, como represalia, la mandaron a realizar la limpieza del mercado municipal, narró el esposo.
Al llegar al mercado, le indicaron que no estaría allí sino en el Bazar Municipal, con un horario de 3 de la tarde a 11 de la noche, de lunes a domingo, sin tener el descanso obligatorio.
Dijo que por los cambios no tenía ningún problema, pero pidió tener el horario que tenía en el DIF Municipal para que pueda atender los asuntos de su casa. Pero en respuesta le dijeron que “cumples o renuncias”, afirmó el manifestante.
María Albina acudió a las diferentes instancias del Ayuntamiento, incluyendo el departamento de Recursos Humanos. “En ningún lugar le quieren hacer caso”, lamentó Uicab Puc.
El quejoso dijo que ante la falta de atención de las autoridades para resolver el caso, decidió iniciar su huelga de hambre ayer en la mañana.
Al ser visitado poco antes del mediodía, el esposo dijo que solo había bebido agua y así se mantendrá el tiempo que sea necesario.
El huelguista se encuentra justo en la puerta del DIF Municipal, donde dijo que el personal del lugar le advirtió que le pedirían a la fuerza pública lo retire, lo que calificó como una violación a su derecho de manifestarse.
El adulto mayor hizo responsable a la directora del DIF Municipal y a las autoridades municipales de lo que le pase, ya que se niegan atender su demanda.
Se intentó hablar con la directora del DIF Municipal para que diera su versión sobre la reclamación del sexagenario, pero las empleadas argumentaron que no se encontraba e, incluso, dijeron que los empleados no pueden dar datos porque no están autorizados.