Dzemul, Yucatán.- Un proyecto inmobiliario que se localiza en San Bruno, comisaría de Dzemul en la costa de Yucatán, fue clausurado y sometido a procedimiento administrativo por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)
Se trata de Cayo Coco, que se localiza frente la denominada Laguna Rosada, entre Chicxulub y Telchac Puerto, una zona paradisíaca frente al mar, donde se ofertan lotes en preventa, que aseguran entregar “urbanizados”, de acuerdo con la publicidad que circula en redes sociales por parte de inmobiliarias.
El proyecto que se localiza en el litoral norte de la Península de Yucatán, fue marcado con un sello de clausura de la Profepa, que indica la intervención de la dependencia en esa franja costera de alta sensibilidad ecológica, donde se presume que se pretende construir un complejo privado.
Proyecto inmobiliario en la costa yucateca, bajo procedimiento de Profepa
Sin embargo, al parecer, faltarían algunos permisos federales requeridos, pues la dependencia colocó el sello marcado con el expediente número: PFPA/37.2/35.4/0046-25; con el texto: “Terreno sujeto a procedimiento administrativo” y el de “Clausurado” en una barda.
Esa leyenda indica que los desarrollos inmobiliarios no están cumpliendo con algún requerimiento de la dependencia, ya sea algún permiso o estudio de impacto ambiental, aunque no se ha especificado con exactitud cuál es el caso.
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Sin embargo, uno de los sellos se puso sobre una una barda perimetral en construcción, por lo que su edificación sin la autorización por parte de la instancia correspondiente, podría ser una de las causas.

Además, trascendió que en la zona de San Bruno, en las inmediaciones de la salinera de Xtampú en Dzemul, organizaciones mayas habían solicitado protección ecológica en el área.
Advertencias de la Profepa a desarrollos inmobiliarios
Cabe recordar que el pasado 21 de abril, el Diario publicó que Guillermo Porras Quevedo, delegado en Yucatán de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), informó sobre una serie de inspecciones que realizaría la Profepa en playas de Yucatán.
En esa fecha, invitó a quienes tuvieran obras en situaciones irregulares para que las pusieran en orden.
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Previamente, el 15 de marzo, durante una gira en el municipio de Ixil, la titular de Profepa, Marina Boy Tamborrel, advirtió que los desarrollos inmobiliarios que se encontraran en una situación ilegal serán demolidos, puesto que hay empresas que destinan parte del presupuesto de sus proyectos al pago de multas, para seguir operando: “prefieren pagar la multa que pedir permiso”.
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“En Puerto Vallarta clausuramos 4 desarrollos inmobiliarios y, por supuesto, vamos a hacer lo mismo en todos los estados costeros. La nueva visión de la Procuraduría es ordenar la reparación del daño“, afirmó en aquella ocasión.
San Bruno en Yucatán: ¿dónde está y cómo llegar?
El proyecto inmobiliario Cayo Coco, en San Bruno, en el sureste de México, se ubica en el kilómetro 25 sobre la carretera Chicxulub-Telchac Puerto, donde la Profepa sometió el área a procedimiento administrativo en espera de que se regularicen las actividades y las indicaciones de Google Maps dicen cómo llegar.
La publicidad del proyecto inmobiliario indica que se trata de 1,200 lotes de inversión desde 160 metros cuadrados, en preventa a un precio desde 440,000 mil pesos; se ofrece como un espacio residencial, “a 140 metros del mar, con acceso a la Laguna Rosada”, incluso prometen que estará urbanizado.
En este sentido, hay que recordar también que en fecha reciente campesinos de Dzemul denunciaron que estaban en peligro los manglares y la salinera prehispánica Xtampú, que aún usa un proceso artesanal ancestral de extracción de sal, por la colocación irregular de tubería de agua potable que planeaba instalar el Ayuntamiento.
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“El alcalde de Dzemul, José Wilberto Flota Aké, comenzó un proyecto de 15 kilómetros para llevar agua potable a Telchac Puerto, pero atraviesa áreas naturales que ponen en peligro la flora y fauna de la zona costera”, contó en marzo de este año a EFE, Juventino Náhuat Pat, uno de los 65 socios de la salinera Xtampú que participó en una manifestación contra el plan municipal.
Sin embargo, fue hasta el pasado 11 de abril cuando finalmente la Semarnat suspendió definitivamente la obra irregular de ampliación de agua potable.
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