La Seder del Gobierno de Yucatán presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FEC) por el presunto desfalco de 165 millones de pesos en la Ugroy, durante la gestión de Esteban Abraham Macari, exdiputado yucateco, pero va también contra exfuncionarios.
La Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) acusa el manejo irregular de más de 165 millones de pesos entregados a la Unión Ganadera Regional del Oriente de Yucatán (Ugroy) entre 2019 y 2024, durante el gobierno de Mauricio Vila Dosal.
Previamente, el pasado a 25 de noviembre, el presidente de la Ugroy, Mario Esteban López Meneses, interpuso una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por el presunto desfalco de 165 millones de pesos destinados a la asociación.
Tras interponerla, López Meneses dijo que observaron fallas en la supervisión de la ejecución de dichos recursos a los programas, por parte de funcionarios responsables de esa tarea.
Y que esa denuncia está sustentada en revisiones técnicas, documentos administrativos y testimonios internos que señalarían irregularidades.
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Seder también va contra exfuncionarios
Ahora, el director Jurídico de la Seder, Erick Noe Zapata Ceballos, señaló que esta segunda denuncia presentada ante la autoridad ministerial se dirige contra exfuncionarios o exservidores públicos de la Seder.
Asimismo, la denuncia va contra quienes fungieron como representantes de la Ugroy, el periodo 2019-2024; es decir, el exdiputado yucateco Esteban Abraham Macari.
“Estos hechos podrían encuadrar en delitos previstos en el Código Penal del Estado de Yucatán, relacionados con posibles actos de corrupción”, indicó.
En esta segunda denuncia, el funcionario estatal confirmó que se trata de recursos públicos cuya aplicación es cuestionada.
Ya que “a lo largo de los ejercicios fiscales de 2019 a 2024, la Seder transfirió a la UGROY más de 165 millones de pesos, mediante distintos programas y fondos estatales de apoyo al campo, en cuyo manejo se detectaron irregularidades”.
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¿De qué delitos los acusan?
La Seder expuso ante la Fiscalía que los hechos descritos podrían configurar, al menos de manera preliminar, delitos relacionados con el uso ilícito de atribuciones y facultades, contemplados en el capítulo de Delitos por Hechos de Corrupción del Código Penal del Estado de Yucatán.
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La dependencia precisó que, una vez integrados los elementos de prueba, la Fiscalía determinará si procede ejercer acción penal contra quienes resulten responsables.
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