Lo que para decenas de familias representaba la posibilidad de adquirir un vehículo para trabajar, trasladarse o resguardar su patrimonio, hoy es evidencia de un fraude vehicular que habría afectado a un número considerable de personas.
De acuerdo con los afectados, quienes ayer se reunieron en una zona del fraccionamiento Palmas del Sur para hacer pública su queja, estos timos operan desde hace al menos tres años en Yucatán y se han extendido a Campeche y Quintana Roo.
Además, las víctimas señalan que la base de operaciones de esta red se encuentra en el municipio de Dzilam González.
Fraudes vehiculares serían dirigidos desde Dzilam González
Desde el inicio del año esta localidad ha estado en el ojo público debido a un ataque armado que cobró la vida de tres personas.
Vecinos aseguran que en la zona es conocido el movimiento constante de personas vinculadas a estas operaciones, sin que exista una intervención efectiva de las autoridades.
El reclamo es unánime: la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública conocen los nombres, el modus operandi, las empresas involucradas, los expedientes y la zona de operación, pero no actúan.
En el centro de este esquema aparecen de manera reiterada los nombres de Leani A. y Stephanie O. L., señaladas como operadoras directas del fraude.
Ambas han sido denunciadas formalmente ante la Fiscalía, con carpetas de investigación abiertas desde 2021 y 2022.
A pesar de ello, no existe hasta hoy ninguna detención, judicialización ni aseguramiento de bienes, aun cuando las víctimas afirmaron que se conocen domicilios, rutas de operación y vínculos.
Asimismo, los quejosos expresaron que mientras otros delitos son atendidos con rapidez, este fraude masivo continúa operando con total impunidad, afectando a personas trabajadoras que han perdido parte de su patrimonio.
Ante el silencio institucional, las víctimas exigen una audiencia directa con el gobernador Joaquín Díaz Mena, así como acciones inmediatas para destrabar las carpetas de investigación, judicializar a los responsables, revisar la actuación de las rentadoras señaladas y frenar una red que sigue operando sin consecuencias.
Información de: DANIEL BAUTISTA SILVA