MÉRIDA.— La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera temporal todas las actividades en una granja avícola de Hoctún. El motivo fue un cambio ilegal de uso de suelo en terrenos forestales, sin contar con la autorización correspondiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
De acuerdo con un comunicado, la medida se aplicó al confirmarse el desmonte en una superficie de 8.9 hectáreas, donde se pretende construir naves industriales, así como a la apertura de un camino de acceso.
La clausura se derivó de una diligencia forestal realizada el pasado 22 de enero por inspectores de la Profepa, en cumplimiento de una orden de inspección. Durante la visita, se constató que el predio forma parte de las instalaciones de la granja Crío Hoctún, operada por la empresa Productora Nacional de Huevo.
Clausuran granja en Hoctún
En la zona afectada se localizaron ramas, troncos y árboles completos derribados, colocados en los bordes del predio y en proceso de secado, además de evidencias del uso de maquinaria.
Asimismo, se observaron trabajos de nivelación y conformación de vialidades y la colocación de piedras en una superficie aproximada de 2.8 hectáreas. También abrieron un camino de acceso de alrededor de 80 metros de longitud por 20 metros de ancho, lo que representa una afectación adicional de 0.16 hectáreas.
Tras la inspección, la Profepa determinó que las actividades realizadas constituyen un cambio de uso de suelo en terrenos forestales sin autorización. Al no haberse aplicado medidas de prevención, mitigación o compensación para evitar daños a los ecosistemas forestales, la dependencia federal impuso como medida de seguridad la clausura temporal, mediante la colocación de sellos.
Otras granjas avícolas suspendidas
La Procuraduría recordó que mantiene acciones de vigilancia y seguimiento a actividades atribuidas a la misma empresa en distintos puntos del estado. Como antecedente, en el municipio de Kinchil, el 12 de noviembre de 2025, se detectó un cambio ilegal de uso de suelo en aproximadamente 13.7 hectáreas de vegetación forestal, a partir de denuncias ciudadanas.
En ese caso, además del desmonte sin autorización, la Profepa documentó la violación reiterada de sellos de clausura y la manipulación indebida de maquinaria previamente asegurada, hechos que motivaron la ampliación de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR). Posteriormente, personal de la dependencia regresó al predio los días 9 y 12 de enero para reponer los sellos de clausura.