(Primera Columna publicada el 30 de abril de 2005)
Una de cal y otra de arena. La columna aplaude hoy un aviso de Coparmex Mérida relacionado con la ratificación de los dos magistrados. Es una advertencia que este periódico publicó en su edición del sábado último, 23 de abril. La transcribiremos;-La Coparmex les hace saber a los dos magistrados ya los demás integrantes del Tribunal Superior de Justicia que estarán atenta al desempeño de sus funciones para reconocerles sus méritos o para señalarles lo que no esté en orden con el bien común.
Esta atención que el sindicato de los empresarios ofrece es una vigilancia indispensable si queremos tener buenos gobernantes. Más que vigilancia, es una ayuda insustituible.
Meditemos en algunos párrafos sobre cómo vamos a ejercer la vigilancia y proporcionar esa ayuda. Concretamos la reflexión, por ahora, a la vigencia de la ley. ¿Quién debe ser el principal vigilante, no el único, pero sí el primero, de la licitud de los actos de la autoridad? Si se trata de asuntos del comercio, por ejemplo, la responsabilidad recaería en la Cámara del ramo. Si nos encontramos en terrenos de la ley es lógico que pensemos en la agrupación de los jurisperitos.
De acuerdo con este razonamiento, es el Colegio de Abogados el representante indicado de la sociedad en la vigilancia de los jueces. En el intento de opinar sobre cómo este conjunto de especialistas debe desempeñar este encargo, nos iluminará un examen de cómo lo hizo en el pasado. El caso Medina Abraham, que es una radiografía de la sociedad yucateca, es buen punto de referencia. Vamos a ver: 1) Publicamos anteayer en el periódico que un violador de mujeres fue detenido en diciembre de 2004 en Atlanta, Estados Unidos, porque una muestra de su ADN (código genético) fue encontrada en la pantaleta archivada hace 32 años como evidencia del primer asalto sexual (Diario de Yucatán, jueves 28 de abril, sección Nacional-Internacional, página 5).
Una confirmación más de lo que la ciencia, la técnica y la ley saben desde hace tiempo, mucho tiempo antes que el caso Medina Abraham: el ADN dura centenares, millas de años. En un cabello, en una uña, en el semen, en la sangre, en el tejido de una víscera.
Sin embargo, cuando la jueza Leticia Cobá Magaña le rechazó a la defensa de Armando Medina Millet una prueba de falsificación, alegando que el ADN de Flora Ileana Abraham Mafud, presentado como evidencia, ya no tenía validez alguna porque fue tomado dos semanas después de la muerte, la defensa protesta, claro, pero nadie más.
(El ADN de Flora Ileana demuestra que la sangre que mancha la blusa del juicio no es la sangre de la joven Abraham Mafud. Esta blusa falsa fue utilizada para “demostrar” el delito de homicidio).
El Colegio de Abogados no dijo nada. ¿Quién debe vigilar la impartición de justicia para advertir sobre la amenaza que representa para la comunidad una jueza ignorante o venal que dicta resoluciones contrarias a una verdad científica conocida y reconocida en el resto del mundo? Quien hace un cesto hace ciento.
2) La Procuraduría, en un oficio, le pide a Leticia Cobá un documento para practicar la inspección ocular que se necesita en una investigación oficial. La jueza lo niega, alegando, por escrito, que los documentos no son susceptibles de inspecciones oculares porque no son personas ni animales ni cosas.
Los magistrados, incluyendo los acabados de ratificar, avalan la barbaridad en que ha incurrido la jueza y la premian, ratificándola en su puesto al concluir en esos días su período. Consultada su opinión, el Colegio de Abogados la calla, porque considera que no se trata de un caso de interés general.
¿No reviste interés para la comunidad que un representante del Poder Judicial no sólo se niegue a colaborar sino impida una diligencia oficial del Poder Ejecutivo y, además, pretende justificar su rebelión con un pretexto absurdo que es una burla y una falta de respeto? ¿Es el trato que debe existir entre las autoridades del Estado? 3) La jueza Cobá abre el juicio del caso Medina Abraham con un expediente en que los cargos se basan en evidencias manipuladas, contaminadas, que no fueron protegidas como dispone la ley y fueron entregadas sin custodia oficial a representantes de la acusación e incluso enviadas al extranjero, también sin custodia. En cualquier otra parte del mundo civilizado un juez hubiera suspendido el juicio y dispuesto la libertad inmediata del acusado por falta de elementos para procesarlo. En materia jurídica esto, señores abogados, es elemental, de primaria. En Yucatán, a vista y paciencia del Colegio, los magistrados avalaron el engendro judicial que tiene en la cárcel a un ciudadano desde hace diez años.
Estos tres ejemplos se desembocan en preguntas inquietantes. ¿Quién defiende a la sociedad cuando públicamente, sin recato alguno, en una exhibición ostentosa de arbitrariedad, las autoridades encargadas de impartir justicia se coluden en todos los fueros, en todas las instancias, para violar la ley y los derechos de un ciudadano? ¿Quién debe defender a los abogados cuando, de la misma manera ostentosa y arbitraria, se pretende privarlos del derecho profesional a ejercer, hasta agotarlos, los recursos que le garantiza la ley para defender a sus clientes? Como que, en casos como éste, un colegio de abogados, aunque sólo fuera por instinto de conservación, en un acto de legítima defensa, debe decir al juez: “Oye, no sabemos quién tiene la razón, ni quién es culpable o inocente, pero eso que estás haciendo es ilegal y si no nos quejamos hoy mañana se lo vas a hacer a cualquier otro de nosotros”.
Las autoridades vigiladas, conscientes del escrutinio de la sociedad y sus instituciones rectoras, procuran evitar atropellos a la ley y el derecho que les puedan merecer, entre otras sanciones, la destitución y la cárcel. La vigilancia tiene un alto coeficiente de efectividad preventiva.
¿Puede o quiere el Colegio de Abogados defender a sus socios y proteger a la sociedad yucateca con la vigilancia que la Coparmex nos promete en su advertencia a los dos magistrados ratificados? repudiada de Antonio Hadad, el diputado ratificador; si el Colegio dimite de esta responsabilidad tan cortada a su medida, vamos a pensar cómo rellenamos esta laguna social en que se pueden hundir tú, lector, y tu vecino, si no están al servicio de las mafias o en buenos términos con sus cabecillas y operarios.
Coparmex debe darse prisa en empezar a reclutar con diligencia la solidaridad que necesita para que su nueva, solemne promesa no se quede aislado en una isla desierta. Esa solidaridad en defensa de la justicia que un buen calador de la naturaleza humana y sus fragilidades, Juan Pablo II, predicó con ahínco en los años finales, testamentarios, de su pontificado.